Belarra acorta los plazos de ejecución de los fondos UE y pone en riesgo cientos de proyectos sociales

El Ministerio de Derechos Sociales, liderado por Ione Belarra, ha trasladado a las comunidades autónomas su intención de recortar casi tres años la fecha tope para terminar los proyectos sectoriales financiados con los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Esta decisión unilateral impedirá que se lleven a cabo la inmensa mayoría de actuaciones previstas para la mejora y remodelación de residencias de mayores o centros de día.

Tal como ha podido saber OKDIARIO, la voz de alarma la ha dado la Comunidad de Madrid. Según las fuentes consultadas presentes en la reunión extraordinaria del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), el equipo de Isabel Díaz Ayuso ha sido el más combativo.

Madrid ha exigido en el encuentro de este jueves que el Gobierno central renegocie los plazos que acordó con la Comisión Europea para ejecutar los proyectos de fondos europeos. Es una exigencia que se da tras la decisión unilateral del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de reducir los plazos para completar las obras de 2026 a 2023.

Cientos de residencias de mayores o centros de día se quedarán sin reformar a pesar de las necesidades urgentes que tienen estas instalaciones. El cambio de fechas se ha trasladado en la reunión de este jueves, aunque finalmente el Ministerio no lo ha sometido a votación. ¿Por qué? Porque Madrid ha pedido su retirada del orden del día, que ha sido secundada por numerosas comunidades autónomas.

La reunión tenía como objetivo la aprobación del dinero asignado a cada región para proyectos de inversión, concretamente los correspondientes a la Economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión social, el denominado Componente 22.

900 millones

En abril del pasado año ya se repartieron casi 731 millones y en esta ocasión la cifra llegaba a los 900. La cuestión parecía casi protocolaria, pero había letra pequeña. El Ministerio quería solventar el tema con un correo electrónico de cada una de las 17 comunidades. Sin embargo, Madrid trasladó una protesta formal y se ha realizado una reunión al uso por vídeoconferencia. El Gobierno regional del PP ha detectado que la aceptación de estos fondos implicaba asumir el recorte de casi tres años en los plazos firmados hasta ahora para desplegar los proyectos financiados.

Fuentes de la Comunidad de Madrid recuerdan a este periódico que el 13 de diciembre de 2021 el Gobierno regional firmó un convenio de colaboración con el departamento de Derechos Sociales en el que se fijaban dos fechas principales: todos estos proyectos debían estar adjudicados y con gasto comprometido a 31 de diciembre de 2023, pero la ejecución de los mismos podía prolongarse hasta agosto de 2026.

No obstante, de manera paralela a la negociación de ese convenio, el Gobierno de Pedro Sánchez pactó con la UE que los proyectos de este Componente 22 tenían que estar ejecutados de manera obligatoria en diciembre de 2023. Este acuerdo se firmó el 13 de julio de 2021; es decir, cinco meses antes de que el Ministerio de Ione Belarra incluyera unos plazos que nada tenían que ver con éstos en el convenio firmado con el Ejecutivo de Ayuso.

La falta de coordinación del Gobierno central en este asunto puede tener unos efectos devastadores en proyectos como la reforma integral de tres residencias de mayores, con un presupuesto conjunto de 60 millones de euros, que ya está en marcha, pero cuya tramitación administrativa, plazos legales y envergadura de las obras a acometer impide que esté terminada en la nueva fecha prevista. Lo mismo ocurre con muchas actuaciones que desarrollarán los consistorios madrileños a través de convenios con el Gobierno regional que ya se han firmado y que, obviamente, no recogen el cambio de plazos.

“Se nos está pidiendo a sabiendas un imposible”, ha comentado en su intervención el viceconsejero de Familia, Juventud y Política Social, Luis Martínez-Sicluna, que ha avisado del riesgo de aceptar un acuerdo que podría obligar a las comunidades autónomas a devolver íntegramente los fondos recibidos por un incumplimiento inevitable. Ante la acumulación de argumentos en esta línea por parte de otras comunidades autónomas, el Ministerio de Ione Belarra –que no estaba presente en la reunión– ha optado por dejar el asunto sobre la mesa y emplazar a un nuevo encuentro la próxima semana en el que participarán representantes del Ministerio de Economía, encargado de negociar los plazos en Europa.