Begoña Gómez entrega al juez un mail que apuntala el intrusismo en el software de la Complutense

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 27/11/2024 06:48
  • Actualizado: 27/11/2024 06:48

Begoña Gómez ha entregado al juez Juan Carlos Peinado una serie de correos electrónicos para tratar de defenderse de la imputación por apropiación indebida e intrusismo en relación al software de la Complutense. El juez investiga si Gómez registró a su nombre la plataforma creada por varias empresas -Indra, Google y Telefónica- para la institución pública y, además, si pudo cometer un delito de intrusismo profesional en relación a los pliegos del contrato para desarrollar ese software.

Cabe recordar que dichas empresas no llegaron a completar la plataforma, por lo que Begoña Gómez indicó a la Complutense que tenía que licitar un contrato para poder finalizarla. El importe ascendió a 60.500 euros y fue a parar a Deloitte.

Gómez firma personalmente el pliego de prescripciones técnicas, que impone el perfil que habrá de cumplir la empresa adjudicataria, exigiendo, por ejemplo, un equipo de «alto nivel», como informó OKDIARIO.

Denuncia de los ingenieros

El Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía denunció la posible comisión de un delito de intrusismo profesional por parte de Begoña Gómez, alegando que «la elaboración de pliegos de prescripciones técnicas es una competencia exclusiva de la profesión de ingeniero técnico en informática, recogida como competencia común a la rama de informática en la titulación oficial habilitante de Grado en Ingeniería Informática».

La defensa de Begoña Gómez ha remitido una batería de correos al juez Peinado para tratar de defenderse de la posible comisión de ese delito, alegando que fue la propia Complutense la que indicó a la mujer de Pedro Sánchez que debía firmar el pliego de prescripciones técnicas, por el que está ahora siendo investigada.

En efecto, en uno de los mails remitidos por María José Sánchez Rosales, desde la Gerencia de la Universidad, se indica: «El pliego de prescripciones técnicas ha de firmarlo Begoña». Sin embargo, a continuación añade: «He modificado el término recomendación para que sea una exigencia y el perfil se adapte exactamente a lo que solicitáis como cumplimiento obligatorio».

El correo va dirigido, en primer lugar, a Begoña Gómez y a María Cristina Álvarez, la directora de Programas de la Presidencia del Gobierno que ejercía de secretaria personal de Gómez, encargándose de las gestiones de su cátedra. Figuran también entre los remitentes Blanca de Juan de Castro, coordinadora de la cátedra y mano derecha de Gómez y José Manuel Ruano de la Fuente, director de la Escuela de Gobierno.

En el mail sorprende la alta implicación de la cátedra en el contrato para desarrollar la plataforma. Desde la gerencia se indica a Begoña Gómez y su asistente: «Por favor, revisad la propuesta administrativa por si queréis suprimir o añadir algo más. Para que la oferta sea más limitada, he incluido criterios cuya cuantificación dependen de un juicio de valor. No obstante, esto requiere una comisión de expertos que tenéis que decidir y pasarme para incluirla en el documento. Si conocéis personas de la UCM que puedan valorar estos criterios sería perfecto».

Los ingenieros denunciaron que «resulta palmaria la exigencia de estar en posesión de alguna de las titulaciones que dan acceso al ejercicio de la profesión de ingeniero técnico en informática para elaborar un pliego de prescripciones técnicas en el marco de un proyecto de desarrollo de un sistema informático. Sin embargo, esta corporación no tiene constancia alguna de que Dña. María Begoña Gómez Fernández posea titulación oficial habilitante para el ejercicio de la ingeniería técnica en informática. Así mismo, resulta públicamente notorio que se trata de la esposa del actual Presidente del Gobierno. Excmo. Sr. Pedro Sánchez Pérez-Castejón».

En la denuncia se destacaba además que Gómez «habría suscrito un pliego de prescripciones técnicas en el marco de un proyecto de ingeniería informática, careciendo por completo de la titulación oficial habilitante». Por ello, señalaban que «dado que se trata de un acto propio de la profesión de ingeniero técnico en informática, estos hechos podrían ser constitutivos de un delito de intrusismo profesional en virtud del Art. 403 del Código Penal». 

Según los ingenieros, Gómez «habría vulnerado flagrantemente el principio de libertad con idoneidad que rige las contrataciones de servicios en el sector público, no sólo estableciendo la participación en el proyecto licitado de personas sin cualificación alguna en la materia» también por excluir «a los ingenieros técnicos en Informática, los cuales, paradójicamente, son los únicos con competencia legal en dicha materia».

Secretaria pagada por Moncloa

Se da la circunstancia de que en los correos remitidos por la defensa de Begoña Gómez aparece la directora de Programas de Presidencia del Gobierno. Un hecho que ha llamado especialmente la atención, pues hace sólo unos días que saltó la polémica al conocerse que Gómez utilizaba a esta directiva de Moncloa para sus actividades privadas.

Ahora, la defensa de Gómez confirma así ante el juez que, en efecto, Cristina Álvarez ejercía de secretaria personal de Gómez, a la que ayudaba a gestionar el día a día de la cátedra. Álvarez figura como destinataria en los correos electrónicos que la Complutense enviaba sobre la cátedra.

La semana pasada trascendió un correo, incorporado a la causa que instruye el juez Juan Carlos Peinado, en el que este cargo de Moncloa instaba a la empresa Reale Seguros, patronos de la cátedra, a seguir financiándola.

«Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como Patronos de la Cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis», exponía en un mail remitido a Pilar Suárez-Inclán, la directora de Comunicación y Reputación Corporativa de la empresa de seguros Reale.

Además de por apropiación indebida e intrusismo, la mujer de Pedro Sánchez está imputada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.