Batet reconoce que «lo que pide ERC para apoyar los presupuestos es imposible para el Gobierno”

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, concede una entrevista televisiva días después de la reprobación al Rey Felipe VI -adoptada en el Parlament de Cataluña por independentistas y Podemos- y con las exigencias de Torra y ERC sobre la mesa de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. «Lo que piden a cambio de su voto» favorable al borrador de cuentas públicas, pactado entre PSOE y Podemos «es imposible», ha reconocido. 

Batet ha confirmado que el documento suscrito entre PSOE y Podemos es el mismo que se enviará al Parlamento -para su tramitación como Proyecto de Ley- y se remitirá a Bruselas. La titular de Política Territorial cree que Europa «lo aceptará» porque “es un documento muy trabajado” que termina con los recortes sociales en España y sigue la senda comunitaria que apuesta por «erradicar la desigualdad”.

«España debe aprovechar que Bruselas dice que ahora era el momento para darnos margen con 5 puntos más para el déficit” y apostar “por los más vulnerables: sanidad, educación, pensiones y dependencia” y ha negado rotundamente que en el programa presupuestario presentado por Sánchez e Iglesias «se aumenten los impuestos a las clases medias y trabajadoras».

En relación con los apoyos necesarios, para que la propuesta del Gobierno socialista prospere, Batet confía en que el PNV la asuma dado que «ha manifestado su buena voluntad y predisposición», aunque reconoce que “aún no tenemos cerrado un acuerdo”.

Sobre ERC y PDCat la ministra se inclina por la cautela y se manifiesta «optimista sin ser ingenua” porque intuye que las negociaciones serán «duras». Aunque ha minimizado la amenaza de Puigdemont quien, en una reciente intervención pública desde Bélgica, advertía al Gobierno de la pérdida inminente de apoyos de Sánchez, y su Ejecutivo. El ex presidente, fugado de la justicia española, se refería así a la imposibilidad de que la formación que lidera vaya a aprobar las cuentas públicas de Sánchez, si desde Moncloa no se cumplen antes sus exigencias de autodeterminación para Cataluña.

Sí ha querido contestar a la postura de ERC, compartida por Joan Tardá y Gabriel Rufián, que insta al Gobierno a liberar a los políticos catalanes en prisión provisional y a dar instrucciones a la Fiscalía General del Estado al respecto. “En España, como país democrático que somos, existe la separación de poderes y el respeto a la independencia de la Fiscalía es una regla básica” ha subrayado Batet. “Están pidiendo algo a cambio de su voto que es imposible para el Gobierno”, que como “poder Ejecutivo sustituya a otro poder del Estado”.

Y ha vuelto a fijar el cumplimiento legal como línea roja: “Nosotros tenemos que hacer política pero dentro del respeto a la ley». 

Salario Mínimo Interprofesional

La reforma laboral del PP, que los socialistas plantean derogar, es para Batet “difícil» de superar el «nivel de precariedad” provocado por dicha medida en España. “Hay trabajadores pobres que no llegan a mitad de mes, con contratos por horas” y, por lo tanto, el Gobierno trabaja en un “plan director de lucha para conseguir un empleo digno”, ha señalado.

Posteriormente ha reconocido que el Gobierno ha «remitido cartas a unas 150.000 empresas que consideramos que debían finalizar con contratos temporales y hacerlos definitivos” de las cuales «hay más de 40.000 que ya han modificado las condiciones de sus trabajadores tras la comunicación recibida» y, por ello, avanza que se intensificará la labor de la inspección de trabajo en esa línea. 

Cataluña

Batet ha defendido que «es bueno que se respeten las instituciones del Estado. La Constitución y la Jefatura del Estado deberían quedar al margen de la contienda política y partidista». Y ha reiterado que el Ejecutivo está estudiando «cualquier acción legal y judicial» para revocar la decisión del Parlament que reprobó, el pasado miércoles, al Rey Felipe VI . “Si es viable” se llevará al Tribunal Constitucional, añadió. 

Sobre la posibilidad de volver a aplicar el artículo 155 en la autonomía catalana ha sido menos contundente: «La situación de hace un año en la que se produjo una ruptura de derechos, la convocatoria de un referéndum ilegal y la ruptura del marco constitucional no tiene nada que ver con la actual». Entonces se trató de «un momento de excepcionalidad, tras la declaración unilateral de independencia», opina Batet, «que no concurre ahora» y «por lo tanto no se dan las condiciones para retomar un artículo de coerción federal» ha defendido. 

Batet insiste en la normalización política y ha recordado que «hay reuniones cada semana entre el Govern de la Generalitat y el Gobierno de España. En comisiones mixtas, de traspasos, en la comisión bilateral para disminuir la conflictividad entre la comunidad autónoma y el Ejecutivo central,…».

Los frentes del Gobierno socialista

Batet ha comentado el resto de los frentes abiertos para el Gobierno socialista, que han provocado los abucheos a Sánchez a su llegada al desfile de la Fiesta Nacional, el pasado 12 de octubre. Aunque ha asegurado que se trata de un ejercicio de «libertad de expresión, preferiría que no se hubieran producido, ni se repitieran. El Gobierno de España también está trabajando para los que pitaron».

La reunión entre Zapatero y Otegi nadie del Ejecutivo «la conocía» antes de que se produjera, ha asegurado. «La agenda de Zapatero no la conoce el Gobierno de España, porque la marca él».  Además, ha destacado que «la lucha contra el terrorismo de ETA está en un punto de celebración. Hemos triunfado, ha vencido el Estado de Derecho» para zanjar la cuestión. 

Y sobre la polémica “exhumación de Franco” ha defendido que era necesaria después de 40 años porque «dignifica nuestra democracia», aunque elude cualquier responsabilidad del Gobierno en la cuestión del nuevo enterramiento. “No se nos puede pedir que hagamos cosas que no están en nuestras manos” ha confesado sobre la decisión de la familia de trasladar el nuevo enterramiento al panteón familiar en la Catedral de La Almudena.  

Función pública

Sobre los sueldos de los funcionarios, la ministra de Función Pública, confía en que reciban «en el mes de octubre» la subida aprobada en sus nóminas y que todavía no se ha materializado.