Ayuso señala que España «ya es un Estado policial» porque «hay un control autoritario sobre la ciudadanía»

Los últimos acontecimientos vividos en España -este mismo miércoles, la vicepresidenta María Jesús Montero lanzaba la inaudita amenaza de filtrar información de su ministerio para ir contra Isabel Díaz Ayuso- han motivado que la presidenta de la Comunidad de Madrid haya señalado que la España de Pedro Sánchez «está viviendo el peor momento institucional de su historia democrática» y que «ya es un Estado policial» porque el Gobierno central «está ejerciendo un control excesivo y autoritario sobre la ciudadanía».

«En un Estado policial los derechos y libertades civiles están restringidos y las autoridades tienen capacidad de vigilar, reprimir y castigar a la población con poca o ninguna supervisión judicial. Se están utilizando prácticas como la vigilancia masiva, la censura y la represión de la disidencia para mantener la justicia», ha avisado este miércoles durante su intervención en los Premios Influyentes 2024.

Ayuso se ha referido también a su pareja, Alberto González Amador, «un ciudadano particular que ha visto troceada y convenientemente publicada su declaración con escarnio, algo que es completamente ilegal, por ser el novio de una adversaria política». «Esto es un Estado policial», ha recalcado.

La jefa del Ejecutivo autonómico ha defendido que estas prácticas «han arrasado con la democracia en muchos países hispanoamericanos». Asimismo, ha señalado que el Ministerio del Interior «elegirá dedo a los policías que investiguen casos judicializados».

«Desde hoy, Televisión Española, la pública, está totalmente amordazada desde el control político. El Gobierno central va a enriquecer a las empresas audiovisuales que se encarguen de ofrecer sus programas en otras televisiones. Ahí está el ejemplo de la serie del matrimonio del presidente, Pedro Sánchez», ha lanzado.

«Perjudica a la empresa y a la imagen»

Ayuso ha advertido también que «las características comunes de un Estado policial incluyen vigilancia extrema, usar tecnologías para vigilar y monitorear las actividades de los ciudadanos, represión política, persecución y castigo de disidentes y críticos con el Gobierno».

«También incluyen una ausencia de derechos civiles, restricciones significativas a la libertad de expresión, reunión y prensa, intervención judicial limitada, el sistema judicial no actúa de manera independiente o se intenta controlar para apoyar las acciones del Ejecutivo», ha aseverado.

Para la dirigente madrileña, esta situación «perjudica a la empresa, a la inversión y a nuestra imagen en el mundo». «Está ocurriendo en España. Yo entiendo que haya quien no pueda o no quiera verlo y que no lo haga, pero muchos ya hemos avisado», ha zanjado.