España
Se pondría en marcha el llamado 'Pin Parental'

Ayuso acepta negociar con Vox reformas que permitan a los padres rechazar la educación LGTBI

Isabel Díaz Ayuso acepta reformar artículos de las normas educativas y LGTBI en la Comunidad de Madrid, en línea con la reclamación de Vox, para cerrar el acuerdo de investidura. El resto de puntos solicitados por el partido de Santiago Abascal, entre los que figuran bajadas de impuestos y eliminación de gastos superfluos, tampoco supondrán un problema insalvable en las negociaciones para garantizar la gobernabilidad del centroderecha en la Comunidad de Madrid. La pelota pasa ahora, por lo tanto, al terreno de Ciudadanos, única formación del centroderecha que mantiene un bloqueo a la petición de Vox de firmar un acuerdo de programa férreo.

La candidata popular a la investidura de la Comunidad de Madrid no tiene problema en reformar esas normas con tres objetivos. El primero y más genérico, el de incrementar la libre elección de centro escolar por parte de los padres para garantizar la adecuación de la formación de los menores a los planteamientos morales o ideológicos de los progenitores.

El segundo, para evitar las vías de posible adoctrinamiento en las aulas que contiene la norma, vías que puedan provocar que se realice adoctrinamiento ideológico o sexual en las clases sin consentimiento de los padres. Y tercero, para garantizar los derechos y libertades de los padres, por ejemplo, frente al papel del centro escolar y de sus equipos de asesores en el caso, por ejemplo, de alumnos transexuales.

«Libertad de educación y pensamiento»

La respuesta de Ayuso llega rápido y responde de este modo al documento adelantado por OKDIARIO y hecho público este miércoles por Vox con las exigencias de la formación de Abascal a cambio de respaldar al PP en la votación de investidura de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Rocío Monasterio fue la encargada de comunicar estas exigencias programáticas. Y entre ellas tiene un especial peso la “libertad de educación y de pensamiento. Garantizar la libertad educativa y derecho de los padres a elegir el modelo que deseen para sus hijos”.

Los de Vox piden con este fin la “aprobación del ‘Pin Parental’ para que los padres puedan excluir a sus hijos de aquella actividad que sea contraria a sus convicciones”. Además exigen “derogar aquellos artículos de la legislación en vigor que atenten contra la libertad de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales, como defiende el artículo 27.3 de la Constitución Española”. Y, en concreto piden que se deroguen “artículos de la Ley 2/2016, del 29 de marzo, y de la Ley 3/2016, de 22 de julio”, además de que se aprueben “protocolos en los centros educativos que aseguren protección frente a situaciones de discriminación, acoso o violencia”.

Las peticiones pretenden evitar intromisiones en el derecho constitucional reconocido a los padres y niños para disfrutar de una educación acorde a las creencias de los progenitores y sin adoctrinamiento ideológico o de colectivos LGTBI.

La exigencia responde a casos ya comprobados, como el que ocurrió recientemente en el CEIP de San Isidoro en Madrid, donde se tuvieron que parar oficialmente una serie de actividades y talleres en los que se vulneraba el deber de neutralidad ideológica de las asociaciones de padres y de los colegios públicos. La polémica surgió tras las reclamaciones de un padre que criticó que el colegio y la AMPA hubieran dado permiso para impartir ese tipo de talleres sin haber sometido a votación la decisión. El padre denunció el contenido “netamente ideológico de los talleres a impartir y las percepciones que se inculcarán a los niños con conceptos muy controvertidos que científicamente se han demostrado como falaces”. En ese caso concreto los talleres animaban a los menores a experimentar la orientación sexual contraria a la que afirmaban tener.

Ciudadanos deberá ahora dejar clara su postura después de un rechazo inicial al documento de Vox plasmado este martes por su líder Ignacio Aguado. El documento, en cualquier caso, debe ser firmado por los tres partidos tal y como ha exigido Vox.