Los ideólogos de Colau (Barcelona en Comú) introdujeron el uso de ‘lawfare’ para atacar al Poder Judicial

Hace unos días, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoció la existencia de lawfare en el Estado. A raíz de estas declaraciones, así como las del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, este término ha vuelto a estar en la palestra mediática. 

Pero esta idea no es nada nueva en política, ya que el máximo representante de este término fue el partido catalán liderado por Ada Colau, los Comuns. Colau se apoderó de esta palabra en las últimas elecciones municipales, así como en las dos legislaturas en las que estuvo al frente del Ayuntamiento de Barcelona. La idea era siempre la misma, una justicia arbitraria y antidemocrática, embarcada en una persecución de políticos de izquierdas. 

Otras figuras importantes del núcleo duro del partido, como Eloi Badia, Janet Sanz o Marc Serra, han adoptado el término para presentarse como víctimas en varias ocasiones. La ex alcaldesa Ada Colau, por ejemplo, se presentó a las últimas elecciones municipales con cuatro casos abiertos debido a querellas presentadas por sectores opuestos a sus políticas de movilidad o vivienda. 

Eloi Badia, ex concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica en el Ayuntamiento de Barcelona, está bajo investigación judicial por el juzgado de Badalona desde 2022 debido a la operación de la incineradora de residuos urbanos de Sant Adrià de Besòs, gestionada por la empresa pública Tersa. La pesquisa busca determinar si la planta emitió partículas y sustancias contaminantes por encima de los límites legales entre 2015 y 2019, durante el mandato de Badia en Tersa.

El ex concejal de los Comunes ha tenido que hacer frente a varias causas judiciales durante su mandato y en todas ellas ha culpado a lobbies y grandes empresas de persecución judicial hacia su persona. Algunas de estas causas aún continúan abiertas. Entre ellas, sendas querellas por su actuación al frente de la incineradora Tersa y la cesión de un inmueble municipal a un colectivo okupa o implantar una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) para reducir la contaminación de la ciudad.

Eloi Badia, en su condición de vicepresidente del área de Ecología en el AMB, también se ha visto afectado por la aplicación de la ZBE en el área metropolitana de Barcelona. Su diseño e implantación generó numerosas protestas de vecinos, entidades y plataformas, que rechazaban frontalmente el ámbito de aplicación y el alcance de las exigencias a los vehículos. Ahora el Supremo confirma la anulación de la primera Zona de Bajas Emisiones de Barcelona.

En cuanto Barcelona en Comú o alguno de sus miembros recibe una denuncia, despliegan una intensa comunicación partidista para denunciar supuestos intentos judiciales de lobbies y empresas en contra de su ideología. De esta manera, buscan resaltar posibles delitos que se les imputan desde cargos públicos, convirtiéndose en defensores que luchan contra un sistema dirigido por poderosos.

Barcelona en Comú, a pesar de expresar preocupación por el lawfare, ha sido criticado por recurrir a la vía judicial para silenciar críticas de aquellos medios de comunicación que no eran favorables a su gestión en el consistorio barcelonés. Haciendo intentos de lawfare contra la libertad de expresión, generando tensiones adicionales en el ámbito político y mediático de Barcelona.