Arturo Canalda, ex gerente del Canal, citado como imputado en Lezo el 23 de enero

El juez del caso Lezo ha citado a declarar como investigado en Lezo al expresidente de la Cámara de Cuentas de Madrid Arturo Canalda el 23 de enero por su participación en la compra presuntamente fraudulenta de Inassa cuando era consejero del Canal de Isabel II, han informado a Efe fuentes jurídicas.

Precisamente a raíz de su imputación, Canalda, que fue director gerente del Canal, dimitió de su cargo el pasado 28 de diciembre pese a sostener que siempre actuó «conforme al ordenamiento jurídico».

Un día después de Canalda deberá declarar el exdirector de Nuevos Negocios del Canal Pablo López de las Heras y el 25 de enero lo hará el ex director económico y de desarrollo comercial de la empresa pública de aguas José Antonio de Cachavera.

Los tres, según el juez, «tuvieron una participación esencial durante la gestión y ejecución del proceso de adquisición» del 75 % de Inassa por 73 de millones de dólares, una operación que, según la investigación, causó un endeudamiento de 51,1 millones de dólares.

Los tres, junto con el expresidente del Canal Pedro Calvo –citado mañana a declarar como investigado– eran los encargados de «negociar y presentar ofertas en la licitación internacional de Inassa» y estaban obligados a trasladar al Consejo de Administración de la empresa pública el resultado de las negociaciones.

Sin embargo, apunta el juez en su auto, Canalda, Cachavera y López Heras se concertaron para gestionar y negociar la adquisición de esta filial colombiana «de forma distinta a la que plantearon» en una reunión del Consejo del Canal mantenida en noviembre de 2001, concretamente, mediante la utilización interpuesta de la empresa panameña Sociedad Aguas de América.

En concreto, para adquirir Inassa el Canal utilizó una «sociedad vehículo» llamada Canal Extensia (constituida el mismo mes de la operación) que compró Inassa a través de la citada mercantil panameña.

Aunque fue en una reunión del Consejo de Administración del Canal celebrada el 14 de noviembre de 2001 cuando se autorizó a los tres investigados a presentar en nombre de la empresa pública de aguas la oferta económica para comprar Inassa, el juez cree que éstos ya habían alcanzado un acuerdo con los vendedores tiempo antes «para adquirir esta operación de forma distinta».

De hecho, apunta el juez, antes de esa reunión ya contaban con «el aval bancario definitivo» para adquirir Inassa a través de la citada sociedad panameña e incluso disponían del acuerdo de compraventa de acciones redactado.

Finalmente, la compra salió adelante con el voto de la mayoría de los consejeros del Canal en la citada reunión del 14 de noviembre y también con el visto bueno del Consejo de Gobierno de la Comunidad, que dio luz verde al proyecto el 29 de noviembre, con la firma del entonces presidente, Alberto Ruiz Gallardón.

Para el juez, la investigación permite constatar que en los 73 millones de dólares pudo existir «una sobrevaloración claramente perjudicial» para los intereses del Canal, sin que conste que el ente público adoptara los controles necesarios para asegurarse de que las condiciones se ajustaban al valor real de la empresa.

El juez también cita el «cúmulo de circunstancias ciertamente llamativas» que rodearon el nacimiento de Inassa hasta su venta, que «acreditan más si cabe las irregularidades e ilicitudes cometidas».

Es decir, el uso de una compleja estructura societaria para ocultar a través de sociedades panameñas y uruguayas que las mismas personas actuaban durante todo el proceso «como vendedores, compradores y gestores de la sociedad colombiana», situación claramente perjudicial para los intereses del Canal y que quienes gestaron la operación conocían, entre ellos Arturo Canalda, Juan Pablo López y José Antonio de Cachavera.