El Supremo pide al fiscal general que busque abogado tras ser imputado por revelación de secretos

• Gonzaga Durán @Gonzagads92
• Periodista. Redactor de política nacional en OKDIARIO.
• • 30/10/2024 09:55
  • Actualizado: 30/10/2024 10:29

El Tribunal Supremo ha requerido al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que designe abogado en la causa abierta contra él por haber revelado datos fiscales de Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en relación a una investigación por supuesto fraude fiscal que involucra al novio de Ayuso. El objetivo de esta decisión es no generarle indefensión al estar imputado en esta causa abierta.

El juez instructor Ángel Luis Hurtado indica que, si bien la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, «está representada por la Abogacía del Estado, no consta representación alguna por parte de Álvaro García Ortiz, por lo que procede requerirle para que designe profesionales que se encarguen de su defensa y representación, a efectos de no generarle indefensión».

Después de que el Alto Tribunal abriese un procedimiento penal contra él hace un par de semanas, el magistrado instructor da ahora el siguiente paso en este proceso judicial e incoa diligencias previas para poner en marcha la investigación y «confirmar o descartar los indicios» existentes que haya podido cometer Álvaro García Ortiz. Se espera que sea la Abogacía del Estado la que se haga cargo de la defensa del fiscal general del Estado en este procedimiento judicial.

Además, el magistrado Hurtado da traslado a las acusaciones populares personadas, que son Fundación Foro Libertad y Alternativa, Sindicato colectivo de funcionarios Manos Limpias, Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) para que, en el plazo común de cinco días, se pronuncien sobre su posible agrupamiento como permite el artículo 109.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Por otro lado, el juez instructor deja pendiente de pronunciamiento, que resolverá en resolución aparte, las diligencias que ha pedido practicar Alberto González Amador (acusación particular) así como la suspensión cautelar de funciones del fiscal general que ha solicitado Manos Limpias.

Por el momento, Ángel Luis Hurtado deja pendiente de decidir si acepta o no las últimas diligencias solicitadas por el novio de Ayuso, que es acusación particular en la causa, y que ha reclamado en varias ocasiones que se acceda a los correos electrónicos de la cuenta personal y profesional del fiscal general del Estado entre el 5 y el 18 de marzo de 2024.

Alberto González Amador pide en concreto acceder a los correos electrónicos relacionados con el acuerdo de conformidad que su abogado propuso a la Fiscalía y en el que reconocía la comisión de dos delitos fiscales, proponiendo además aceptar ocho meses de cárcel y pagar cerca de 525.000 euros a cambio de no ir a juicio.

El juez decidirá próximamente si accede o no a esta petición, y hará lo mismo respecto a la reclamación del autodenominado sindicato Manos Limpias, que también figura como acusación, y que solicitó la suspensión cautelar de funciones del fiscal general.

La imputación de Álvaro García Ortiz

El Tribunal Supremo decidió abrir una investigación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras la acusación de revelación de secretos presentada por Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La querella se refiere a la difusión de una nota informativa en la que la Fiscalía de Madrid compartía detalles sobre el intercambio de correos electrónicos entre el abogado de González Amador y el fiscal Julián Salto en relación con una investigación por supuesto fraude fiscal que involucra al demandante. García Ortiz asumió la responsabilidad de la publicación de dicha nota. Se trata de una investigación inédita en la historia, ya que es la primera vez que se imputa al jefe del Ministerio Público.

González Amador y el Colegio de Abogados de Madrid llevaron el caso a los tribunales, argumentando que la divulgación de esos correos violaba la privacidad y que la finalidad de la nota emitida por la Fiscalía iba más allá de desmentir informaciones erróneas en la prensa, revelando datos que no debían ser compartidos con terceros. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) concluyó que la nota informativa no se ajustaba a los propósitos que alegaba el Ministerio Fiscal, pues no sólo contenía información que no había sido divulgada por la prensa previamente, sino que también revelaba detalles confidenciales sobre la investigación.

La Sala de lo Penal también acordó investigar a Pilar Rodríguez Fernández, que supuestamente envió a García Ortiz datos para la elaboración de la citada nota. Aunque no tiene la condición de aforada, los magistrados entienden que ambos comportamientos –el del fiscal general y el de ella– guardan una conexión inescindible que impide la incoación de causas separadas.