España

La Delegación del Gobierno pone condiciones draconianas para evitar las protestas del campo extremeño

El Gobierno ha entrado en pánico con el campo. Sabe que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha golpeado a este sector; que los ánimos de los agricultores están encendidos ante la imposibilidad de mantener unos márgenes de beneficio económico que contenten a los trabajadores del campo; y que las movilizaciones de estos trabajadores le hacen un tremendo daño electoral al PSOE. El Ejecutivo ha ordenado restringir al máximo sus movilizaciones desde las Delegaciones del Gobierno, tal y como demuestra el documento que hoy reproduce OKDIARIO: un texto remitido por la Subdelegación del Gobierno de España en Cáceres donde se destinan cinco folios a imponer restricciones al plan de protesta del campo.

El primero de los folios de esa comunicación, fechada el pasado 10 de febrero por la representación oficial del Gobierno de Pedro Sánchez en Cáceres, se dedica a enumerar el plan de protestas, manifestaciones y cortes propuesto por la Asociación de agricultores APAG ASAJ.

Los otros cinco folios de esta comunicación recogen las restricciones al plan inicial de protestas del campo. Las frases más habituales de esa contestación utilizan expresiones como “el comunicante no especifica ni de qué lugares iniciará la marcha, ni cómo se desplazarán […]”; “se desaconseja la utilización de la vía citada”; “se considera conveniente reducir el horario previsto de 5 a 2 horas”; “prohibir que en el carril que se corte de la autovía, existan obstáculos o vehículos detenidos”; “cortar únicamente un carril para cada uno de los sentidos”; o “en lo que respecta a la interrupción del tráfico rodado […] el mencionado informe se pronuncia de modo desfavorable respecto de los cortes pretendidos”.

Así a lo largo de cinco folios hasta dejar claro que, el espíritu supuestamente favorable a las movilizaciones en la calle, defendido tantas veces por el PSOE, y aún más por Podemos, ha muerto con la llegada de ambas formaciones al poder.

Reacción de los agricultores

La reacción no se ha hecho esperar en las asociaciones del campo convocantes de los cortes. En este caso, en Extremadura. Y la tensión puede anticipar un choque frontal. APAG Extremadura Asaja ha acusado ya a la Delegación del Gobierno en Extremadura de intentar amedrentar a los agricultores de cara a las protestas previstas para hoy en 11 puntos de toda la región.

“Esta denuncia se basa en la actitud que están teniendo la Guardia Civil, que de una forma ‘inusualmente elevada’ ha incrementado los controles de documentación y parada de vehículos en puntos estratégicos que están relacionados con los cortes de carretera convocados para mañana”, señalan fuentes de la asociación agraria.

Según esta organización, “esta actividad sólo se puede explicar como una maniobra, por parte de la Delegación del Gobierno, para intentar amedrentar a los agricultores y ciudadanos que de manera masiva mañana se están sumando a la protesta”.

Hay que recordar que los agricultores han notado ya el diferente baremo en la respuesta del Gobierno a estas protestas frente a las que se producen, por ejemplo, por parte de los separatistas violentos en Cataluña. Así, ya a cierre de enero y cuando comenzaban las protestas del campo, la Delegación del Gobierno en Extremadura decidió autorizar con generosidad el uso de pelotas de goma para alejar a unos agricultores que protestaban frente al Instituto Ferial de Extremadura (FEVAL) en Don Benito (Badajoz).

El uso de las mismas pelotas que se restringieron en Cataluña en los ataques callejeros tras la sentencia del 1-O, hasta el punto de provocar el enfado generalizado de los sindicatos policiales. Eso sí, en esta ocasión los protegidos frente a los agricultores eran el ministro de Agricultura, Luis Planas y el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

Las cargas policiales se autorizaron frente a las puertas de FEVAL. La manifestación había sido convocada en Don Benito por las principales organizaciones agrarias. Contó con cerca de 5.000 personas. Y su objetivo era reclamar la intermediación oficial de los precios de venta de la producción agrícola. Es decir, justo lo que defienden, entre otros, partidos como Podemos, en estos momentos en el Gobierno de la mano de los socialistas.