Colau imputada de nuevo: ahora por coacciones y prevaricación al defender a unos ‘okupas’
El juzgado mantiene imputada a Ada Colau por malversación y tráfico de influencias
Colau hace caso omiso a su código ético: «Me parece fuera de lugar plantear mi cese»
Colau ha adjudicado casi un millón a dedo a empresas amigas desde que es alcaldesa

La gestión de Ada Colau al frente del Ayuntamiento de Barcelona está de nuevo entredicho. La Audiencia ha reabierto la causa contra la alcaldesa de la Ciudad Condal tras la querella presentada por el fondo Vauras Investments, que la acusa de prevaricación administrativa y coacciones por «cercanía con grupos okupas».
Tanto Ada Colau como los concejales Marc Serra y Lucía Martín, así como la responsable de Vivienda e Inspección, Fuensanta Alcalá, tendrán que declarar en calidad de investigados por las multas que el Ayuntamiento impuso a Vauras Investments después de que esta empresa se negara a ofrecer un alquiler social a los okupas del conocido como ‘Bloc Llavors’, un edificio de viviendas que fue finalmente desalojado por los Mossos d’Esquadra en marzo de 2020.
Según los magistrados de la Audiencia de Barcelona, las sanciones impuestas por la alcaldesa de la ciudad podrían ser un modo de «forzar» al fondo a acceder a sus pretensiones, motivo por el que Colau tendrá que responder en calidad de investigada por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y coacciones.
Malversación
La imputación de la Audiencia de Barcelona no es el único frente abierto en los tribunales para Ada Colau. El Juzgado de Instrucción número 21 investiga a la primera edil por la presunta comisión de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas y fraude en la contratación.
En concreto, se investiga si la presidenta de Barcelona en Comú pudo conceder subvenciones de forma «arbitraria, discrecional y sin concurrencia pública» a entidades próximas a su grupo político. En el foco de los jueces, entre otras, figura el Observatorio DESC, entidad para la que trabajó la propia Colau antes de dar el salto a la política, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), o la Alianza contra la Pobreza Energética (APE).
A la vista de las dos imputaciones, y de acuerdo con el Código Ético de Barcelona en Comú, la alcaldesa Ada Colau debería renunciar a su cargo y dimitir de manera inmediata, tal y como está especificado en el artículo 3.6 del reglamento interno de su formación.
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