Las claves del pacto PP-Vox en Extremadura: coto a los menas, menos subvenciones y ayudas fiscales a la natalidad

El pacto de gobierno alcanzado entre el Partido Popular y Vox para gobernar Extremadura incluye la prohibición del burka y el nicab en espacios públicos autonómicos, el cese «inmediato» del programa de enseñanza de árabe y cultura marroquí en los colegios y el compromiso de no habilitar ningún nuevo centro de acogida de menores extranjeros no acompañados (menas).

En el documento, de 23 páginas, ambas formaciones se comprometen a rechazar de forma expresa «cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales» que pretenda llevar a cabo el Gobierno central, «tanto mayores como menores de edad». Sobre los existentes, Guardiola y Fernández pactan no ampliar tampoco las plazas en los centros ya existentes.

Además, van a crear una unidad específica para «verificar la edad de los inmigrantes ilegales y la supresión total de subvenciones a ONGs que participen directa o indirectamente en la promoción de la inmigración irregular». Asimismo, han pactado crear una Unidad de Verificación del Fraude Prestacional y del Padrón «para combatir el empadronamiento ficticio y el acceso indebido a ayudas públicas y vivienda protegida», se puede leer.

Sobre el Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí, «dejará de impartirse a partir de septiembre de 2026 en todos los centros de Educación Primaria y Secundaria de la región», y se «prohibirá el uso del burka, el nicab y cualquier prenda que oculte completamente el rostro en edificios y servicios públicos autonómicos antes de finales de 2026».

En materia energética, el acuerdo «blinda la continuidad de la central nuclear de Almaraz» y establece una reducción del 30% anual de la ecotasa autonómica «que grava su producción, hasta su eliminación completa antes del final de la legislatura». El 50% de lo recaudado mientras la tasa esté vigente «se destinará a un fondo específico para el desarrollo socioeconómico del entorno de la central».

Del pacto, Vox obtiene la Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, «encargada de eliminar trabas burocráticas, simplificar procedimientos y velar por la eficiencia presupuestaria», y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, que «asume competencias sobre la PAC, regadíos, caza, pesca, tauromaquia y medio natural». Además, designará un senador autonómico: Ángel Pelayo.

500 millones para sanidad y rebajas fiscales

Las formaciones también han acordado «una dotación presupuestaria adicional de 500 millones de euros anuales para la sanidad extremeña», que se deberá consolidar en las cuentas de 2026.

No obstante, en esta línea también han detallado un plan cuatrienal para contratar 1.500 profesionales sanitarios adicionales «a los ya existentes en el Servicio Extremeño de Salud (SES), campañas quirúrgicas extraordinarias para reducir listas de espera y una equiparación salarial progresiva entre los trabajadores del SEPAD —atención a mayores y servicios sociales— y los del SES», detalla el documento programático.

En el plano fiscal, el acuerdo contempla una «bajada progresiva del IRPF» de 0,25 puntos al año «en los dos primeros tramos de la tarifa autonómica», lo que supondría, estiman, «una reducción acumulada de un punto porcentual al final de la legislatura».

También plantean reducir el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados al 0,5% para la compra de vivienda habitual de hasta 200.000 euros. Al mismo tiempo, también se van a recuperar las bonificaciones fiscales «del 50% y el 100% en un amplio conjunto de tasas, incluidas las de educación infantil de 0 a 3 años, las licencias de caza y pesca y la ITV».

En vivienda, el nuevo gobierno se compromete a promover «al menos 3.500 nuevas viviendas protegidas durante la legislatura», pero establece como condición de acceso «un empadronamiento mínimo de diez años en Extremadura para la compra y cinco para el alquiler», un concepto que en el acuerdo se denomina «principio de prioridad nacional».

Ayudar más a las familias

Uno de sus principales objetivos es fomentar la natalidad. Para ello, se aprobará una deducción en el IRPF por nacimiento o adopción de 500 euros por el primer hijo, 1.000 por el segundo y 1.200 por el tercero y siguientes, «aplicable en el año del nacimiento y en los dos siguientes», detallan.

También «se completará la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años» desde septiembre de 2026 y «se aprobará antes de 2028 una nueva ley de familia» que incluya medidas para la conciliación, el transporte y la rebaja fiscal para familias numerosas.

El sector primario contará con «protección explícita frente a la agenda verde europea». El gobierno se compromete «a no aprobar ninguna medida que perjudique objetivamente a agricultores y ganaderos, a rechazar el acuerdo UE-Mercosur». Para compensar estos «agravios», ambos partidos han pactado «crear un fondo de compensación frente a imposiciones de Bruselas».

El acuerdo contempla también «una reducción al 50% de las subvenciones a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas que no acrediten utilidad pública efectiva», así como «la reducción al mínimo legal de los fondos destinados a cooperación internacional al desarrollo». Para tomar estas decisiones, «se realizarán auditorías exhaustivas anuales del gasto público con el objetivo de identificar y eliminar partidas improductivas».