Abogados y procuradores se oponen a la apertura de los juzgados en agosto

Lejos de promover el consenso entre los miembros de la comunidad jurídica, la decisión del Ministerio de Justicia de abrir los tribunales en agosto, una vez superada la crisis sanitaria del coronavirus, ha intensificado las críticas. Jueces y magistrados ya denunciaron que el ‘Plan de Choque’ diseñado por el Departamento que lidera Juan Carlos Campo, para aliviar la Justicia y evitar el colapso de los tribunales, se aprobó sin contar con los jueces. Ahora son abogados y procuradores los que exigen al titular de Justicia que rectifique tras declarar «hábiles para las actuaciones judiciales los días 11 a 31 del mes de agosto».

En Junta de Gobierno, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) rechazó dicha posibilidad -recogida en el artículo 1.1 del Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, BOE de 29 de abril), «de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia»- y anunció que recurrirá al Defensor del Pueblo para que promueva «un recurso de inconstitucionalidad» contra la decisión ministerial y pida su «suspensión cautelar».

Los abogados denuncian que la medida ha sido impuesta sin contar con «el consenso del grupo más numeroso de los que conforman los operadores jurídicos y con grave perjuicio para los profesionales de la abogacía y sus familias, a quienes se niega el derecho al descanso y a la conciliación de la vida personal y familiar» que sí tendrán el resto de miembros de la carrera judicial.

No en vano, el apartado 2 del mismo artículo 1 decretado por Justicia recoge expresamente que las vacaciones de jueces, magistrados, miembros del Ministerio Fiscal, letrados de la Administración de Justicia y demás personal funcionario, tendrán que concentrarse en el mes de agosto. «Obviando así de manera descarada a la Abogacía que, como profesionales indispensables e imprescindibles para el correcto funcionamiento de la Administración, ostentan también el mismo derecho al descanso», lamentan desde el ICAM.

Inconstitucional

La Junta Directiva del ICAM no sólo considera que será «ineficaz» dado que al encontrarse ausentes el resto de profesionales de Justicia no se podrán «practicar las actuaciones judiciales» plenamente. Sino que ha encargado a sus Servicios Jurídicos -«y las Secciones especializadas de Derecho Constitucional y Laboral»- la emisión de un dictamen jurídico sobre la eventual inconstitucionalidad de la norma.

Con dicho informe en la mano, anuncian que instarán al Defensor del Pueblo a que promueva un recurso ante el Tribunal Constitucional y solicite la suspensión cautelar de la decisión de Justicia.

Además, avanzan que solicitarán al Ministerio que rectifique «el artículo 1.1 del Real Decreto ley 16/2020, dejando sin efecto la declaración de habilidad parcial del mes de agosto» y que reconduzca el mismo de manera consensuada, «atendiendo a las legítimas reivindicaciones de la Abogacía de Madrid» para la salvaguarda de los legítimos derechos de sus abogados y abogadas.

Procuradores

Por su parte, los procuradores se suman a las denuncias de los abogados y defienden que «el periodo vacacional en el sector Justicia debe concentrase durante el mes de agosto».

«El objetivo pretendido de agilización será nulo o producirá el efecto totalmente contrario. De ahí la propuesta inicial de este Consejo General de Procuradores de acumular el periodo vacacional para todos en una misma fecha, preferiblemente agosto por su inhabilidad legal, y planificar el funcionamiento de los Juzgados para el resto del año a pleno rendimiento», han reivindicado en una nota oficial.