Los abogados del turno de oficio preparan una huelga contra el ministro Campo por la justicia gratuita

Los abogados del turno de oficio de toda España preparan una huelga contra el ministro de Justicia, el socialista Juan Carlos Campo, si el Ministerio no modifica «su nuevo y cicatero criterio de no abonar el servicio» a los letrados que presten asistencia jurídica gratuita por mandato judicial, incluso si «posteriormente hay archivo o denegación» administrativo del derecho a sus clientes.

Una «concentración togada» frente al Congreso de los Diputados. Los abogados del turno de oficio de Madrid se manifestarán ante el Parlamento, el próximo día 28 de febrero a las 12.00 horas, para exigir una reforma legal que garantice que los letrados designados por mandato judicial cobren sus servicios en base a la asistencia jurídica gratuita.

Es la primera de una batería de medidas con la que los abogados persiguen que el Ministerio de Justicia, dirigido por el socialista Juan Carlos Campo, atienda «como ha venido haciendo durante los últimos 40 años» el pago de los servicios del turno de oficio que hayan sido prestados previa solicitud de un juez o magistrado.

La asociación profesional convocante -Asociación de Letrados del Turno de Oficio, Altodo- «no descarta instar a las Juntas de Gobierno» de los Colegios profesionales de abogados para que adopten «medidas de presión, hasta llegar, si fuera preciso, a la suspensión total del turno de oficio» en toda España. Además, advierten de que se preparan medidas progresivas de protesta como bajas masivas «en determinados turnos, zonas o materias» o renuncias «de forma colectiva a la realización de determinadas guardias o de la totalidad de ellas» para hacer valer sus reivindicaciones.

Herencia de Delgado 

El pasado mes de diciembre, el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) decidió llevar ante los tribunales la decisión de Justicia por la que el Ministerio dejó de asumir los costes del turno de oficio prestados previo requerimiento judicial. La Junta de Gobierno de los letrados madrileños hacía público un comunicado en el que advertía a la entonces ministra de Justicia, Dolores Delgado, que tomaría todas las medidas necesarias para que el organismo retirase la resolución por la que ha dejado de atender los costes de la Justicia gratuita que no hubiesen sido administrativamente reconocidos con anterioridad.

El ICAM declaraba la guerra a Delgado y manifestaba su más absoluto rechazo con la decisión que adoptó el Ministerio de Justicia, al indicar que «únicamente» asumiría el pago de aquellas actuaciones letradas que se hubiesen realizado «bajo el amparo del reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita».

Los representantes de los abogados madrileños, a través de la Junta de Gobierno de su Colegio Profesional advertían a la titular de la cartera que en ningún caso iban a permitir «que las actuaciones profesionales realizadas en cumplimiento de un mandato judicial para garantizar el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva dejen de ser compensadas».

La herencia recibida de Delgado supondrá la primera gran protesta de los abogados contra el actual ministro Campo. Los letrados insisten en sus reivindicaciones y recrudecerán las medidas para exigir al Ministerio de Justicia que no traslade «a los abogados y abogadas de oficio»-que son quienes hacen efectivo el derecho fundamental de defensa que la Constitución reconoce a los ciudadanos- «los problemas de financiación de un servicio público que se presta con especiales exigencias de formación y un alto grado de calidad».

Hacienda

A la decisión de suspender el pago de los honorarios a los abogados de turno de oficio designados por mandato judicial se sumó, además, la decisión de que Hacienda investigue los ingresos de los letrados asignados a dichas funciones, durante los últimos cuatro años.

La medida llegaba como consecuencia de la resolución previa del Ministerio de Justicia, durante la etapa en funciones de la ya ex titular Dolores Delgado, por la que se decidía no atender los honorarios de los letrados en prestación del derecho de Justicia gratuita, constitucionalmente reconocido, que no hubiesen sido administrativamente autorizados, aunque los hubiese ordenado un juez.

Ahora, además, todos los profesionales que durante los últimos cuatro ejercicios fiscales hayan percibido ingresos como miembros del turno de oficio tendrán que justificar que dichos pagos fueron conformes a servicios de asistencia jurídica para personas sin recursos a quienes se le hubiesen concedido de manera oficial. De lo contrario podrían enfrentarse a la obligación de devolverlos.