Los abogados del Estado rechazan las «injerencias y amenazas» en su decisión sobre Junqueras

La Asociación de Abogados del Estado ha rechazado «cualquier intento de injerencia o presión y especialmente de amenaza que tenga por finalidad desvirtuar o condicionar el ejercicio de las funciones de la Abogacía del Estado».

Así se expresa el colectivo en un comunicado firmado por el consejo directivo de la asociación en el que recuerdan: «Los Abogados del Estado debemos actuar en nuestros escritos procesales e informes con estricta sujeción a criterios técnico-jurídicos».

«Somos profesionales del Derecho y servidores públicos por oposición que garantizamos desde 1881 el sometimiento a la Ley y al Derecho. Eso es lo que nos une», añaden.

La reacción de los juristas se produce en vísperas de que se presente el escrito de la Abogacía del Estado sobre la inmunidad de Oriol Junqueras.

En junio, los servicios jurídicos del Estado ya se pronunciaron a favor de que el líder independentista pudiese realizar los trámites para acreditarse como eurodiputado.

La Abogacía tendrá que pronunciarse ahora sobre la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que determinó que Junqueras tenía que haber eurodiputado y, en consecuencia, gozado de inmunidad.

«Una persona elegida al Parlamento Europeo adquiere la condición de miembro de dicha institución desde la proclamación oficial de los resultados y goza desde ese momento de las inmunidades aparejadas a tal condición», recoge Luxemburgo. El líder de ERC se encontraba en prisión provisional desde el 2 de noviembre de 2017 y logró escaño en las elecciones al Parlamento Europeo. No obstante, el Tribunal Supremo rechazó su salida de prisión para acatar la Constitución, como exigen los trámites. Ahora, Junqueras está condenado por sentencia firme a 13 años de prisión y otros tantos de inhabilitación por los delitos de sedición y malversación por el referéndum ilegal del 1 de octubre.

La decisión de la Abogacía, la única parte que queda por entregar su escrito al Tribunal Supremo -ya lo hizo la Fiscalía y también Vox, que ejerce la acusación popular- es clave para las negociaciones de la investidura de Pedro Sánchez. ERC sigue condicionando su apoyo a que el organismo se pronuncie a favor de la salida de prisión de Junqueras, pero exige además la anulación del juicio del ‘procés’.

Así, se podría precipitar la investidura, que el líder del PSOE ansía celebrar antes de Reyes.