La abogada de Pinto da por «acreditado» el pago de López Madrid a Villarejo para hostigarla

La abogada de la dermatóloga Elisa Pinto ha considerado «perfectamente acreditado» el pago del empresario Javier López Madrid al comisario jubilado José Manuel Villarejo para que la hostigase, y ha mantenido su petición de condena en el juicio finalizado este martes en la Audiencia Nacional. La Fiscalía y las defensas de los acusados han solicitado la absolución por falta de pruebas documentales, pese a las anotaciones halladas en las agendas de Villarejo que la acusación considera prueba fehaciente del encargo.

El proceso judicial contra López Madrid, Villarejo y su socio Rafael Redondo por un presunto delito de cohecho ha quedado visto para sentencia tras la última sesión celebrada en la Audiencia Nacional. La letrada de Pinto ha señalado en su informe final que el pago ha quedado demostrado en este proceso, aunque ha reconocido que «rara vez» se tiene un registro de las «hojas de encargo».

La acusación ha destacado que la primera denuncia de Pinto fue en 2014 y que Villarejo «estaba anotando» en sus agendas «lo que ella estaba denunciando». «En todas sus denuncias, la doctora repitió una y otra vez lo mismo, que quedó constatado por las agendas del señor Villarejo», ha incidido la abogada.

Anotaciones en la agenda

La letrada ha hecho especial énfasis en la frase «entrega 10 a cuenta» encontrada en la agenda del comisario jubilado. Según ella, esta anotación demostraría que el pago «se entregó en efectivo y, por lo tanto, no hay absolutamente ningún registro». Esta circunstancia explicaría la ausencia de documentación bancaria que exigen la Fiscalía y las defensas para acreditar el delito.

La abogada ha subrayado que en las anotaciones de Villarejo «jamás se habla de los otros procedimientos que en ese momento tenía abiertos López Madrid», sino que «únicamente» se habla de «llamadas de teléfono amenazantes», presuntamente realizadas por Pinto. «No hubo otro encargo, hubo este encargo. A este encargo es al que se refieren las agendas en todo momento, sin que hayamos podido identificar ningún otro», ha concretado.

Asimismo, la letrada ha recordado que López Madrid «no quería denunciar», circunstancia que, según ella, «delimita el delito que se cometió». Esta reticencia a acudir a la vía judicial habría propiciado el recurso a métodos extrajudiciales para resolver el conflicto personal con la dermatóloga.

La acusación, como recoge EP, ha argumentado que la doctora se enfrentó a una «muerte civil» después de que apareciese en los medios de comunicación que era «una psicópata de manual», en línea con el «informe de un inspector policial». «Sin ser una persona pública, ni un personaje público, estaba sufriendo el tener que abrir a las 9 de la mañana la puerta de su consulta y tener pacientes, uno seguido del otro, que el día anterior por la mañana se habían levantado leyendo que era una psicópata de manual y que había utilizado a su hijo para realizar las llamadas amenazantes», ha lamentado la abogada.

«Muerte civil» de la doctora

El Ministerio Público, que rechazó que se abriera juicio contra los acusados, ha pedido su absolución al no apreciar «dádiva, presente u ofrecimiento de promesa» del empresario a Villarejo. Una condición que, según el fiscal, se trata del «elemento objetivo concomitante» del delito de cohecho.

El fiscal ha reconocido que hay «elementos desfavorables» a su tesis absolutoria, como la frase «entrega 10 a cuenta» encontrada en la agenda de Villarejo. Pese a que para el Ministerio Público las anotaciones del comisario jubilado «tienen valor probatorio», esa frase «no despliega la energía probatoria suficiente para destruir la presunción de inocencia».

Sobre las analogías con otros procesos judiciales que ha protagonizado Villarejo esgrimidas por la defensa de Pinto, el Ministerio Público ha argumentado que «son perfectamente conocidos», pero «no tienen valor probatorio».

El abogado del comisario jubilado ha indicado que «ni los hechos objeto de acusación ni el propio escrito» de la acusación «contienen la descripción fáctica que permitiría condenar por cohecho». Ha añadido que la testifical de la dermatóloga no es «coherente» con una persona «que dice estar en una relación forzada».

En su declaración durante el juicio, la doctora Pinto reconoció que se sentía «obligada» a mantener «una comunicación» con López Madrid que «no quería tener». Esta comunicación se basaba en llamadas, mensajes de WhatsApp y visitas a su casa y consulta.

El abogado de López Madrid también ha reiterado la falta de un documento que acredite el pago a Villarejo. Ha sostenido que su cliente «nunca le dijo que era funcionario en activo», lo que reforzaría la tesis de la absolución.

Elisa Pinto declaró que López Madrid contrató a Villarejo porque «era experto en hacer coartadas» y porque podía «ayudarle a hundir cualquier denuncia» por las presuntas amenazas que estaba recibiendo. «En una de las múltiples llamadas que me hacía, me dijo que había contratado a un comisario que se llamaba Villarejo, que era experto en hacer coartadas y que podía hacer que cualquier denuncia que yo le pusiera quedase sepultada. Y que era, además, experto en poner en su sitio a las chulas como yo», aseguró.

La doctora mantuvo que «no quería denunciar el acoso» porque el empresario «tenía el poder» para destruirla «personal y profesionalmente». «Él tenía el poder, tenía los contactos con los centros hospitalarios con los que yo trabajaba y era amigo de los pacientes que iban a mi consulta», concluyó.

Villarejo aseguró en su declaración ante el tribunal que su actuación en el conflicto se limitó a que López Madrid le utilizó «como psiquiatra y se ahorró los honorarios». El comisario jubilado explicó que conoció al empresario en el verano de 2013, cuando alguien le comentó que «un amigo» tenía un problema. Al conocer el caso, le pareció «el clásico problema sentimental, donde dos personas habían roto y una de las partes no había aceptado la ruptura».

Villarejo hizo alusión a un audio en el que se le escuchaba decir que López Madrid «era un tipo muy pesado». Negó haber cobrado dinero por el presunto encargo, así como haber entregado al empresario una «hoja de encargo profesional con los servicios» que podía prestar desde CENYT.

Los tres acusados han renunciado a su derecho a la última palabra. La presidenta del tribunal, Teresa Palacios, ha dejado el juicio visto para sentencia en la Audiencia Nacional. Ahora queda en manos del tribunal dilucidar si las anotaciones manuscritas en las agendas de un comisario jubilado pesan más que recibos bancarios, mientras una mujer espera que se reconozca judicialmente el oprobio al que fue sometida cuando denunció a quien ostentaba el poder y los contactos.