La Abogacía del Estado prepara su último alegato en el Supremo para rebatir a los Franco

La Abogacía del Estado trabaja contrarreloj en la redacción de las  conclusiones finales del que será su informe ante el Tribunal Supremo para defender la exhumación de Franco. El gabinete jurídico del Gobierno presentará sus alegaciones definitivas a favor de la salida de los restos del dictador del Valle de los Caídos. Para ello dispone de un plazo limitado: los próximos 10 días.

Los letrados públicos contestarán al escrito planteado por la familia Franco ante la Sección Cuarta de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, del que ya han recibido traslado, y lo harán para desvirtuar las tesis que en él se recogen. Un trámite imprescindible para que el Supremo disponga de toda la información necesaria  y pueda dictar sentencia sobre la controvertida causa, al regreso del verano.

Los cinco magistrados encargados del recurso tendrán que decidir si, de acuerdo a la Ley de Memoria Histórica, Franco puede ser trasladado desde su actual ubicación. Y para ello, además, habrán de pronunciarse en paralelo sobre el nuevo emplazamiento donde habrán de reposar, siempre que su pronunciamiento sea favorable a las pretensiones del Ejecutivo de Sánchez.

El pasado mes de junio, el Supremo escuchó a los peritos expertos en seguridad propuestos por la familia y que defendieron la inhumación en la madrileña catedral de La Almudena. Tras este trámite, la causa entró en una nueva fase, en la que las partes quedaron obligadas a presentar «unas sucintas alegaciones sobre los hechos, la prueba practicada y los fundamentos jurídicos» en los que defienden sus posiciones.

Algo a lo que se dispone la Abogacía del Estado a lo largo de la próxima semana, tal y como confirman fuentes jurídicas a OKDIARIO. Las mismas fuentes que apuntan a que, tras el análisis de los argumentos de la familia ante el Supremo, responderán para combatir varias cuestiones clave.

Cuestiones clave

La Abogacía del Estado confeccionará un informe definitivo con los argumentos jurídicos que respalden todas las decisiones adoptadas, sobre la marcha, por el Gobierno de Sánchez. Pero, en ningún caso, los letrados del Estado podrán plantear al tribunal nuevos motivos, alegaciones o peticiones que no se hubiesen expuesto en la contestación a la demanda presentada, en su día, por el abogado de la familia, el letrado Luis Felipe Utrera-Molina.

En primer lugar, defenderán el polémico anuncio de Sánchez sobre la exhumación del dictador al que los Franco afean que dictase una reforma legal de «caso único». Algo que nuestro ordenamiento no permite, salvo en casos muy excepcionales y nunca «en una decisión como ésta de carácter ideológico», como recuerdan los nietos del dictador.

La Abogacía del Estado tratará combatir el alegato de la familia contra la falta de validez formal de la decisión ministerial -unilateral- de exhumar a Franco, y lo hará apoyada en que el Real Decreto Ley fue subsanado, posteriormente, por la mayoría parlamentaria del Congreso de los Diputados.

La mayor dificultad será sortear el obstáculo de la singularidad, dado que la fórmula genérica adoptada por los de Sánchez fue tomada «sin reparar en el número de afectados por la misma», como sostienen los Franco. «Al menos 192 personas más debían ser exhumadas de forma inmediata, entre ellos 20 monjes benedictinos» que continúan enterrados en el Valle de los Caídos.

Otra de las cuestiones sustanciales será la falta de previsión del Gobierno, en su Real Decreto, sobre cómo «estando inhumado el cuerpo de Francisco
Franco en un lugar de culto, sería necesario solicitar la preceptiva autorización eclesiástica considerando la inviolabilidad de la que goza la Basílica Pontificia». Un aspecto que los letrados del Estado tendrán que acreditar subsanado pese a la oposición manifiesta que ha exhibido siempre el prior de la Abadía del Valle de los Caídos. Un escollo que la propia vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, trataba de salvar con el Vaticano sin éxito, dado que la Santa Sede evitaba pronunciarse en una materia que consideran de ámbito político.

Sobre la inhumación, los letrados públicos articularán en su escrito que la posibilidad que confería el Real Decreto-Ley  a la familia sobre su derecho a designar el lugar de inhumación de los restos mortales de Franco, sin condicionantes de ningún tipo, no es interpretable en términos absolutos, tal y como sostienen los herederos. Éstos aseguran que la literalidad de la norma es la que es, aunque no contase el Gobierno «con que el lugar designado por la familia fuera de su agrado».

El Gobierno de Sánchez encargó un informe a la Delegación del Gobierno en Madrid en el que se alega que los restos mortales de Franco no pueden ser enterrados en La Almudena «por razones de seguridad ciudadana». La familia considera que este argumento «carece de rigor y justificación objetiva».

La tesis de la ulterior inhumación en El Pardo sólo enmascara la defensa del Gobierno a «una intervención y limitación máximas del derecho de una familia a elegir el lugar de inhumación de sus deudos, desconociendo absolutamente el referido principio de proporcionalidad, lo que vicia de nulidad el Acuerdo de 15 de febrero, por la vulneración que comporta del referido principio de proporcionalidad”.