Abascal envía un burofax a Sánchez para exigir la identidad de los expertos de Sanidad que deciden sobre la desescalada

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha remitido este viernes un burofax al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para exigir al Ejecutivo que identifique a la docena de expertos del Ministerio de Sanidad que se encargan de valorar junto con los responsables de salud pública de las Comunidad Autónomas qué provincias, islas u otras áreas geográficas cumplen o no los requisitos para avanzar en la relajación de las restricciones impuestas por el estado de alarma.

Abascal ha publicado en redes sociales una imagen del burofax remitido a Moncloa y dirigido al jefe del Ejecutivo pasadas las 20.30 horas de este viernes, cuando el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el doctor Fernando Simón, comparecían en rueda de prensa para informar de las provincias que pasaban a la fase 1 a partir del próximo lunes, día 11.

No vamos a aceptar esa «nueva normalidad» que consiste en que el gobierno actúe con total opacidad y secretismo ocultando chulescamente a los españoles información a la que tienen derecho.
Aquí el requerimiento que esta misma tarde he dirigido al copresidente Pedro Sánchez. ⬇ pic.twitter.com/YORkqs2t20

— Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) May 8, 2020

«No vamos a aceptar esa «nueva normalidad» que consiste en que el gobierno actúe con total opacidad y secretismo ocultando chulescamente a los españoles información a la que tienen derecho», ha escrito el líder de Vox en Twitter para anunciar «el requerimiento» enviado al «copresidente» del Gobierno.

Según el texto que se adjunta, se concede un «plazo de veinte días» desde la recepción del burofax para que se de a conocer públicamente la identidad de quienes forman parte del comité de expertos o bien que esa información sea notificada al propio Abascal, que facilita su dirección en el Congreso de los Diputados.

El líder de Vox recuerda que la ley general de salud pública obliga a que la identidad de esas personas sea pública, así como los procedimientos para su selección, la declaración de intereses de los intervinientes y los dictámines y documentos relevantes que elaboren, «salvo las limitaciones previstas por la normativa vigente».