Los 47 miembros del frente de makos reconocen su pertenencia a ETA pero no irán a prisión

Los 47 acusados de integrar el frente de makos de ETA han pactado con la Fiscalía y las acusaciones populares de AVT y Dignidad y Justicia penas de dos años o un año y medio de cárcel al reconocer su participación activa en organización terrorista.

Tras admitir el delito se les aplica la atenuante de confesión tardía, con lo que evitan su ingreso en prisión y tan sólo estarán un año en libertad vigilada.

Entre los condenados se encuentran la abogada Arantza Zulueta, la concejal de Bildu Amaia Izco y el ex senador de ese partido Iñaki Goioga.

A Zulueta y el abogado Jon Enperantza, considerados los responsables del órgano KT, coordinador del conocido como frente de makos o de cárceles de la banda terrorista, se les condena a 3 años y medio y 2 años y 7 meses de cárcel, respectivamente, pero no ingresarán en la cárcel al descontarse los años que estuvieron en prisión preventiva tras ser detenidos en enero de 2014 por estos hechos en la llamada Operación Jaque.

Ambos se enfrentaban a una petición de la Fiscalía de 14 años de cárcel por participación activa en organización terrorista en grado de dirigente.

En cuanto a las penas de inhabilitación para cargo o empleo público, que en la petición del fiscal oscilaban entre 10 y 15 años, los acusados se han conformado con penas de 3 años, 3 años y medio y en el caso de Zulueta y Enparantza con 5 y 4 años, respectivamente, de inhabilitación absoluta.

Para alcanzar este acuerdo, los 47 acusados han admitido uno a uno los hechos por los que se les acusa ante el tribunal, lo que implica el reconocimiento de su integración o vinculación al «KT/Koordinazioa taldea», un ente organizativo en el que, bajo la dirección de la organización terrorista, se agrupan varias organizaciones que trabajan sectorialmente a favor de los presos y huidos de ETA con el fin de complementar su actividad terrorista.

También hacen constar los acusados que junto a su asistencia jurídica a los presos se unía una política basada en el adoctrinamiento ideológico de los presos de ETA y la cohesión dentro del EPPK. Asimismo, se buscaba mantener informada a ETA de las posturas y actitudes personales y políticas de los presos con respecto al proyecto político de la organización terrorista. Con todo ello, anteponían los intereses generales de la estrategia de ETA a los particulares de los presos a los que defendían jurídicamente.