286 inmigrantes presos sin condena firme han solicitado la regularización al Gobierno

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016.
• • 21/07/2026 05:46
  • Actualizado: 21/07/2026 05:46

Un total de 286 presos extranjeros en prisión preventiva han solicitado acogerse a la regularización masiva de inmigrantes, cuyo plazo finalizó el pasado 30 de junio. A preguntas de OKDIARIO, Instituciones Penitenciarias no aclara cuántos de esos presos están en la cárcel acusados de delitos graves, pues explica que la estancia en prisión preventiva no implica culpabilidad.

«Habida cuenta de que los internos solicitados se encuentran en prisión provisional, resulta imposible determinar la actividad delictiva y la gravedad del delito, toda vez que la actividad incriminatoria y probatoria se ventila en el proceso penal, constando en el sistema penitenciario como dato objetivo el auto de prisión provisional, cuya carga delictiva puede variar, aun manteniéndose en el proceso penal la privación de libertad», se limita a responder el departamento dirigido por Ángel Luis Ortiz, dependiente del Ministerio del Interior. Los centros penitenciarios que acumulan más peticiones son el de Murcia, Castellón y Alicante.

Este periódico ha informado de varios inmigrantes detenidos por distintos delitos que habían solicitado la regularización impuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Es el caso de un argelino de 33 años en situación irregular que fue detenido a principios de junio acusado de los delitos de agresión sexual y lesiones a una joven de 19 años en Málaga. El arrestado trató de besar y abrazar a la chica, a lo que ella se negó, momento en que el hombre le propinó un fuerte puñetazo que le hizo caer al suelo, dejándola inconsciente. La joven sufrió lesiones de consideración, con fractura nasal y orbital y distintos hematomas en el rostro, que requirieron atención médica inmediata e ingreso hospitalario.

Informe policial

Para poder solicitar la regularización extraordinaria, los extranjeros debían aportar un certificado de ausencia de antecedentes penales. Para su aprobación se valorará el informe policial, si bien el real decreto establece que «la existencia de antecedentes no supondrá, por sí misma y de forma automática, causa de denegación de la autorización».

La valoración del informe policial corresponderá al personal de la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería –que depende del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones– y no a la Policía. Estos funcionarios deben decidir si el extranjero «representa una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública», «de forma casuística y circunstanciada».

Esta circunstancia, como reveló OKDIARIO, provocó desacuerdos en el seno del Ejecutivo, pues Interior reclamó que el informe policial fuese vinculante o, en su caso, la valoración a efectos de conceder o no la autorización correspondiese a este ministerio.

A la espera de conocer la resolución de los expedientes, para lo que se dispone de un plazo de tres meses, este periódico también desveló que presos acusados de delitos graves -como yihadismo y narcotráfico- se habían interesado por el proceso de regularización. Entre ellos figuraban presos marroquíes radicalizados y encarcelados, a la espera de juicio, por difundir propaganda yihadista en las redes sociales, o bolivianos acusados de narcotráfico, cuya condena puede llegar a los doce años de cárcel.

Cabe recordar que los internos en prisión preventiva, al no haber generado antecedentes penales, pueden optar a la regularización.

Difusión en las cárceles

Tras la publicación del decreto de regularización, Instituciones Penitenciarias dirigió una orden al personal de prisiones para facilitar los trámites a los presos en preventiva. En el comunicado se instaba a los funcionarios a proporcionar «información a la población interna extranjera de la existencia del nuevo real decreto», mediante su publicación «en los tablones de anuncios modulares, bibliotecas o escuelas, así como mediante trípticos que faciliten su lectura y comprensión».

«En dicha tarea participarán todas las áreas del establecimiento. No obstante, las labores de asesoramiento en su cumplimentación se llevarán a cabo por los educadores, quienes podrán ser asistidos por los juristas del Centro, según reparto de dependencias establecido por la Subdirección de Tratamiento», añade.

El documento también insta a «prever el apoyo lingüístico pertinente», para lo que «pueden auxiliarse de otros profesionales del centro, o de internos que conozcan el idioma del afectado».

«Toda la documentación que requiera la persona solicitante será facilitada a la mayor brevedad posible. De no constar todo o parte, se le comunicará tal circunstancia con la máxima celeridad», recogía la comunicación.

Un total de 1.174.000 personas inmigrantes han solicitado acogerse a la regularización extraordinaria que puso en marcha el Gobierno sin el control del Congreso. Más de la mitad de las peticiones ya han sido admitidas a trámite.