Podemos quiere que la Generalitat tenga presencia en RTVE, el CGPJ o el Banco de España

Podemos propone que la Generalitat independentista tenga capacidad de decisión sobre instituciones del Estado que pretende romper.

Así consta en una Proposición no de Ley presentada recientemente en el Congreso sobre la ‘participación de las Comunidades Autónomas en las instituciones y organismos estatales’.

En la misma, insta al Gobierno a «dar cumplimiento a las previsiones contenidas en los respectivos estatutos de autonomía y concretar, en cooperación con las comunidades autónomas, las instituciones y organismos estatales en los que deben participar, diseñando a su vez los mecanismos concretos de participación».

Ejemplo de Cataluña

En el texto, Podemos destaca que «los nuevos estatutos de autonomía aprobados en la pasada década por algunas comunidades autónomas introdujeron previsiones sobre la posibilidad de participación de estas en las instituciones y organismos del Estado» y señala que «la participación en instituciones y organismos estatales» tiene como fin «posibilitar que las comunidades estén presentes, de una manera u otra, en todas las actuaciones que le afecten».

En su exposición de motivos, la formación de Pablo Iglesias pone como ejemplo el Estatut de Cataluña, de 2006, que, dice, «establece de una manera concreta la participación de la Generalitat en instituciones y organismos del Estado en un doble ámbito».

En primer lugar, «en los procesos de designación de magistrados del Tribunal Constitucional y de miembros del Consejo General del Poder Judicial, en los términos que establezcan las leyes o, en su caso, del ordenamiento parlamentario» (art. 180); y, en segundo lugar, en la designación de miembros de los organismos económicos y sociales». 

«En este segundo ámbito, a su vez, el Estatut de Cataluña prevé una doble posibilidad: o bien la designación directa de representantes de la Generalitat en estos organismos, o bien la participación en los procesos de designación de sus miembros», añade.

Podemos destaca que «en la medida que se trata de una participación en instituciones y organismos estatales, es el Estado quien puede establecer la participación autonómica que considere más conveniente».

Participación vinculante

Sin embargo, el partido morado considera que «desde una perspectiva estrictamente jurídica, las previsiones estatutarias respecto a la participación en determinados organismos e instituciones del Estado al menos de las comunidades autónomas que así lo tienen previsto tienen el carácter de vinculantes». 

En este sentido, Podemos destaca que los estatutos son una «norma jurídica» y como tal, «expresan un compromiso que a su vez es un mandato del legislador estatal».

El partido de Iglesias destaca que el Estatuto que «contiene previsiones más amplias en este ámbito» es el de Cataluña, que recoge «una facultad general de participación de la comunidad autónoma respecto de las instituciones, organismos y procedimientos de toma de decisiones del Estado que afecten a sus competencias». 

Empresas públicas

El Estatuto catalán establece distintas instituciones y organismos que «deberán incluir una participación de la Comunidad»:  el Tribunal y el Consejo General del Poder Judicial, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social, la Agencia Tributaria, la Comisión Nacional de Energía y la Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo de Radio y Televisión.

De manera genérica, añade Podemos, «el Estatuto prevé que la Generalitat participe en los organismos reguladores del ámbito económico y social relacionados con competencias de la Generalitat y en los organismos económicos y energéticos, instituciones financieras y empresas públicas con competencias en el territorio de Cataluña».

¿Cómo se concretaría esa participación? Podemos señala que el Estatuto catalán «se limita a indicar que consiste en designar o participar en el proceso de designación de miembros de las instituciones y organismos correspondientes», según la legislación estatal.

El partido morado reconoce que las modalidades de participación «quedan por tanto abiertas» a lo que considere el Estado, pero eso «no implica la absoluta disponibilidad para el Estado».

«Deberá establecer un mecanismo de participación que responda a esta finalidad, y que posibilite, por tanto, una efectiva presencia autonómica en las instituciones y organismos correspondientes», concluye.