Moreno aprueba este sábado la auditoría de los 3 pozos de corrupción del PSOE andaluz: Invercaria, Idea y Soprea

El plan de Juanma Moreno es que haya tres operadores encargados del control de las sociedades: la Cámara de Cuentas, la Intervención General del Estado en Andalucía y la autoridad independiente Airef -la misma que ya supervisa el rumbo presupuestario y macroeconómico del Estado-.

Se tratará de la primera fase de la auditoria anticorrupción, pero no de la única ni mucho menos. Los organismos instrumentales, las fundaciones y las empresas públicas, quedarán todas, paso a paso, bajo el mismo mecanismo de fiscalización.

La decisión de empezar por las tres citadas responde simplemente a su señalamiento habitual ya por la Justicia y a que todos los indicios las señalan como parte del entramado de corrupción habitual en esta región.

El nuevo Ejecutivo andaluz de PP y Ciudadanos aprobará, de este modo, este próximo sábado en Antequera (Málaga), el lanzamiento de lo que ya se denomina como una auditoría integral en la Administración. El objetivo del Gobierno andaluz es tener los resultados de esta primera fase de la auditoría en menos de un mes y medio.

Corrupción en la Andalucía socialista

Hay que recordar que el caso ERE contó ya con la presencia habitual de una de las grandes señaladas: la Agencia IDEA, la pagadora final de las ayudas sociolaborales. De hecho, en estos momentos, la sospecha de irregularidades se ha extendido a buena parte de las transferencias de financiación efectuadas desde todas las Consejerías de la Junta a la Agencia IDEA.

El Caso Avales es otro de los sumarios clave para entender la selección de las dianas del nuevo Gobierno. Una parte de este caso vuelve a incluir a la Agencia IDEA. La investigación judicial se centra, por ahora, en analizar la práctica de la Junta de dar avales y préstamos a empresas de manera sospechosa.

El Caso Invercaria también se ha tenido en cuenta: se centra en la presunta malversación de caudales públicos por parte de esta entidad, una empresa de capital riesgo de la Junta de Andalucía, cuyo sumario se encuentra ya ampliamente troceado. Entre los datos ya avalados se sabe que Invercaria inyectaba fondos en empresas sin contar con informes adecuados de su situación.

El Caso Jeremie apunta igualmente a IDEA. En este caso se investiga el destino de 185 millones de euros que gestionó entre 2007 y 2013 una empresa de la agencia IDEA, Soprea, sospechosa habitual de todas las irregularidades de la Junta de Andalucía. Un informe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional subrayó la presencia de presuntas ilegalidades en el manejo de los fondos europeos Jeremie.

Uno de los entes relacionados con el Caso Faffe será analizado con más detenimiento en una segunda fase de la auditoría. Este caso es el conocido popularmente como el de las tarjetas sex-black, y tiene como epicentro de la investigación el uso de 828 millones de euros desde 2004 a 2011. La Fundación Andaluza para el Fondo de Formación para el Empleo será otro de los entes del PSOE andaluz que pasará el rastrillo de la investigación.

Administración paralela

Pero esos serán sólo los primeros platos. Porque el objetivo final es desmontar la mayor parte de la administración paralela de la Junta de Andalucía, entramado que acumula nada menos que 23.899 trabajadores a cierre de 2017. El dato aparece reflejado en un informe sobre impacto de género del Presupuesto de 2018: y allí se rebela que sólo el personal al servicio de las agencias públicas de la Junta suma ya 23.899 personas.

Es muy llamativo, además, que el personal al servicio de estas agencias públicas no ha tenido una gran crisis. Más bien al contrario: la plantilla ha crecido incluso en los años en los que se aplicaban recortes en los servicios públicos más básicos, como sanidad o educación.

El Presupuesto de 2018 también desvelaba un número total de 60 entes instrumentales dependientes de la Junta de Andalucía: 18 agencias públicas empresariales, 10 consorcios, 15 fundaciones y 17 sociedades mercantiles.