Sánchez pagará a sus asesores un 9% más en ‘bonus’ de productividad: reserva 4,9 millones

Así consta en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019 —ahora mismo están prorrogados los de 2018— que presentó esta semana en el Congreso de los Diputados la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

En concreto, estas futuras cuentas que inician ahora su tramitación parlamentaria contemplan un gasto de 4,9 millones en dos tipos de incentivos al rendimiento: ‘bonus’ por productividad y gratificaciones. Esta cuantía es un 9% mayor que la destinada al mismo concepto por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en sus últimos presupuestos, es decir, los que se encuentran vigentes en estos momentos.

Se trata de 400.000 euros más repartidos en sendos conceptos, según figura en el programa presupuestario 912M Presidencia del Gobierno del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. Así, el proyecto de ley destina 4.748.280 euros a productividad y 138.770 euros a gratificaciones para el equipo de Pedro Sánchez. Estas últimas recompensas no aparecen en las cuestas de 2018 elaboradas por el Gobierno de Rajoy.

Estos incentivos al rendimiento no sólo pueden percibirlos los funcionarios que trabajan para Presidencia del Gobierno, sino también los altos cargos y el personal eventual, esto es, aquellos que ocupan puestos ‘a dedo’ al ser de de confianza. Muchos de ellos son familiares de políticos o compromisos del partido.

Según recoge el Estatuto Básico del Empleado Público, «se establece un complemento de productividad para retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que se desempeñe el trabajo». Sin embargo, el Gobierno nunca hace públicas las razones por las que otorgan estos premios con cargo al bolsillo de todos los contribuyentes.

Sin titulación

Se da la circunstancia, además, de que para ser asesor del Gobierno no se requiere ningún título universitario. De hecho, el currículum que puedan presentar a la hora de acceder al cargo ni siquiera es revisado por el Ejecutivo, tal y como contestó Moncloa a una pregunta parlamentaria del PP el pasado año.

El Gobierno socialista señala que conforme a la ley vigente 3/2015 sólo se exige al alto cargo, en relación a su curriculum vitae, que suscriba «una declaración responsable en la que manifestará, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos de idoneidad para ser nombrado alto cargo, en especial la ausencia de causas que impidan la honorabilidad requerida y la veracidad de los datos suministrados, que dispone -cuando sea susceptible de ello- de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo que ocupe el puesto». Nada más.