Sánchez aumenta el gasto para seguridad en la Delegación del Gobierno de Cataluña

El importe asignado por el Gobierno de Pedro Sánchez a estos servicios supone un incremento con respecto al mismo contrato en época de Mariano Rajoy. En 2017, por ejemplo, el presupuesto base fue de 366.076 euros, estimándose el valor final del contrato, con prórroga, en 635.339 euros, casi 200.000 menos que la cifra actual. El servicio fue adjudicado finalmente por 296.124 euros.

El contrato comprende, según la memoria justificativa, la vigilancia de cinco inmuebles adscritos a la Delegación del Gobierno en Cataluña, todos ellos, en Barcelona.

En cuatro de ellos se encuentran ubicadas unidades administrativas con servicios de atención al público y «con gran afluencia de personas», se señala en la memoria. Entre ellas, se destaca, las oficinas de información y registro y las dependencias de la Oficina de Extranjería. En otro, situado en la calle Doctor Trueta, se localiza el Parque Móvil. «En todas estas instalaciones es necesario garantizar la seguridad de las personas, velar por el normal desarrollo de las actividades que en ellas se prestan y proteger el patrimonio», se indica.

El Ejecutivo justifica la insuficiencia de medios propios para garantizar esos fines, tanto materiales como personales.

«En las relaciones de puestos de trabajo, tanto de personal funcionario como de personal laboral, no existen puestos de trabajo, ni ocupados ni vacantes, que respondan a un perfil o a una especialidad de vigilante de seguridad. Solo las empresas del sector pueden proveer este servicio de una manera eficaz», afirma.

Impedir actos de vandalismo

En la definición de las prestaciones del contrato se indica, además, que, durante su ejecución, la Delegación del Gobierno «podrá decidir que edificios o instalaciones que no se han incluido en los pliegos pasen a disponer de servicio de vigilantes de seguridad».

Entre las funciones asignadas a los vigilantes, se destaca, por ejemplo, la de «impedir actos de vandalismo, publicidad indebida y otros análogos», además de control de accesos, identificación de los visitantes o «uso de todos los equipos e instalaciones fijas o portátiles que los edificios posean o se instalen para el control de personas, objetos y vehículos o para la seguridad de los edificios o sus ocupantes», entre otros.

El anuncio se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) precisamente el mismo día en que el Gobierno de Sánchez celebraba su Consejo de Ministros en Barcelona, el pasado viernes.

La cita estuvo marcada por las convocatorias de los sectores más radicales del independentismo, dirigidos por los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR), en protesta por la presencia del Ejecutivo y se saldó con 77 heridos -35 de ellos mossos- y 13 detenidos en distintos disturbios.

Los arrestados quedaron en libertad este sábado, aunque imputados por distintos delitos, entre ellos, desórdenes públicos y atentado a la autoridad, amenazas y daños.

Varios manifestantes se enfrentaron contra los agentes antidisturbios, lanzándoles vallas, piedras, pintura y montando barricadas. Uno de los detenidos en Barcelona, a pocos metros de la Llotja de Mar -lugar donde se celebraba la reunión de ministros-, portaba además material que podría ser utilizado para elaborar un artefacto incendiario.