Las actas del Senado revelan otra mentira de Sánchez: se comprometió a explicar el ‘Tesisgate’

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió no una, sino dos veces a acudir al Senado para explicar el plagio de su tesis, revelado por OKDIARIO. La primera, el pasado 20 de septiembre, en una rueda de prensa en Salzburgo (Austria) ante la prensa internacional, donde afirmó: “Si el Partido Popular quiere que comparezca en el Senado, compareceré”. La segunda, a través del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, quien trasladó a la presidencia del Senado la disposición a acudir, proponiendo como fecha de esa comparecencia el 23 de octubre.

El Gobierno ha justificado abora la negativa de que Sánchez vaya al Senado en la falta de precedentes y de previsión reglamentaria para este tipo de comparecencias específicas del jefe del Ejecutivo. El Reglamento del Senado establece como procedimiento para las comparecencias que habrán de ser solicitadas por una Comisión parlamentaria. Por ello, el PP ya ha anunciado que lo hará. Y no tendrá problema en salir adelante, gracias a su mayoría en esta Cámara.

Delito de desobediencia

El Reglamento del Senado es tajante en este aspecto y,  el capítulo ‘Procedimientos de control e impulso político’, se indica que “las Comisiones pueden reclamar, por medio del Presidente de la Cámara, la presencia de miembros del Gobierno para ser informados sobre asuntos de su competencia. Las comparecencias también pueden ser solicitadas por el propio Gobierno, autorizándolas la Mesa de la Comisión”.

Es decir, si Sánchez se niega otra vez a acudir, incurrirá en un delito de desobediencia, según el artículo 502 del Código Penal.

«Los que, habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejaren de comparecer ante una Comisión de investigación de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, serán castigados como reos del delito de desobediencia. Si el reo fuera autoridad o funcionario público, se le impondrá además la pena de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años», se lee en el texto.

El artículo 11o de la Constitución establece, además, que el Gobierno está obligado a comparecer ante el Congreso y el Senado y sus Comisiones. «Las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno», dice la Carta Magna.

El PP registró la petición de comparecencia de Sánchez el pasado 19 de septiembre y, un día después, el propio Sánchez se comprometió personalmente a acudir a la Cámara.

Pero, como se demuestra en las actas, la comparecencia fue aceptada y confirmada desde La Moncloa. En concreto, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Antonio Montilla, comunicó al Senado que el presidente estaba dispuesto a acudir a la Cámara e incluso sugirió como fecha el 23 de octubre.

Así consta en los documentos que se muestran, correspondientes a la reunión de la Junta de Portavoces del pasado 3 de octubre.

«El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes indica que, además de la fijación de una fecha para celebrar la comparecencia señalada, está pendiente de acuerdo de la Junta de Portavoces la solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, de comparecencia del Presidente del Gobierno ante el Pleno para informar sobre las sospechas de plagio en su tesis doctoral y las dudas sobre su autoría», se lee en el acta.

«A su juicio, sería lógico celebrar ambas comparecencias-la de la tesis y otra sobre la crisis migratoria-agrupadas, para lo que propone que se sustancien con ocasión de la segunda sesión plenaria del mes de octubre». Y añade, indica que, en este escenario, el Gobierno propone que se celebren ambas comparecencias la tarde del día 23 de octubre y que a continuación se inicie con el control al Gobierno, la que actualmente está prevista como segunda sesión plenaria del mes de octubre».

Pese a ello, Sánchez ha eludido el control parlamentario. Es más, el jefe del Gobierno aseguró este martes que su negativa a ir al Senado para dar explicaciones de su tesis doctoral responde al deseo de «prestigiar las instituciones públicas» y de optar por un debate de política territorial «infinitamente de mayor importancia» para la ciudadanía.