Las actas que avalaron vender bombas a los saudíes están «clasificadas» y no pueden consultarse

Las resoluciones que avalaron la polémica venta de 400 bombas de precisión a Arabia Saudí en el año 2015 están declaradas como «materia clasificada» y, por tanto, son secretas en virtud de la ley de secretos oficiales por lo que es imposible consultarlas.

Este proceso de exportación pasó en más de una ocasión por la mesa de la Junta Interministerial Reguladora de Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (JIMMDU). Sin embargo, sus actas son secretas igual que todas las de este órgano dependiente de la Secretaría de Estado de Comercio.

Así ha respondido el Portal de Transparencia a una solicitud de Europa Press, según la cual la Dirección General de Política Comercial y Competitividad considera que «no procede acceder» a las actas del órgano interministerial que avalaron la venta de las bombas «en virtud del Acuerdo de Consejo de Ministros de 13 de marzo de 1987».

Esa reunión del Consejo de Ministros clasificó como secretas las actas de la JIMMDU y, que como tales, constituyen «materia clasificada» conforme a la Ley sobre Secretos Oficiales.

Robles: «Acuerdos secretos»

Este miércoles, la ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha referido en el Pleno del Congreso a las últimas noticias que apuntan a que el contrato de las bombas con Arabia Saudí fue una decisión política en favor del régimen del Golfo en su conflicto con Yemen.

«Ahora veo también que parece ser que había acuerdos secretos para apoyar guerras en algunos países -ha señalado en respuesta a la diputada María José García Pelayo-. Lo que pone en riesgo a España y su credibilidad internacional es que a espaldas de este Parlamento hayan podido utilizar su apoyo a una guerra en contra de los principios de Naciones Unidas».

Por segunda semana consecutiva, el Grupo Popular ha vuelto a preguntar a la ministra por la rectificación del contrato de las bombas para Arabia Saudí que en su día autorizó el PP y que Robles quiso suspender, aunque al final el Gobierno socialista lo acabó aceptando para evitar que el país del Golfo Pérsico tomara represalias con otros contratos millonarios.