Ayuntamiento de Santiago de Compostela

La juez que absolvió a un edil podemita de Santiago fue contratada previamente por el Ayuntamiento

La juez que absolvió a un edil podemita de Santiago fue contratada previamente por el Ayuntamiento
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La jueza trabajó para el Ayuntamiento impartiendo un curso de Código Penal

Las multas a los locales no se pusieron por la falta de la firma de Duarte

El Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago de Compostela exoneró a un concejal de la composición podemita Compostela Aberta de una acusación de prevaricación. La juez encargada del caso había sido contrataba anteriormente por el propio consistorio para impartir un curso sobre el Código Penal de Seguridad Ciudadana.

Jorge Duarte, que así se llama el concejal, es el encargado del área de Espacios Ciudadanos y Urbanismo. Se enfrentaba a la acusación de prevaricación a raíz de una denuncia presentada por la Fiscalía. Las razones eran un supuesto trato de favor a locales de entretenimiento que no cumplían la normativa municipal: aforo, horarios de cierre o emisión de ruidos. Varios locales no fueron sancionados a pesar de tener abiertos expedientes sancionadores. Duarte no firmó dichos partes por lo que las sanciones nunca llegaron a efectuarse.

La juez Ana López-Suevos, encargada del caso, decidió archivar la causa ya que, según sus conclusiones, las diligencias analizadas le llevaron a “descartar que cometiera un delito”.

López-Suevos tuvo previamente una relación laboral puntual con el Ayuntamiento De Santiago liderado por Martiño Noriega. Según el documento consultado por OKDIARIO en el portal de transparencia del Concello, la jueza fue contratada anteriormente para impartir un curso de Código Penal de Seguridad Ciudadana de diez horas por el que recibió 600 euros.

La juez que absolvió a un edil podemita de Santiago fue contratada previamente por el AyuntamientoProblemas con el PP

La juez Ana López-Suevos protagonizó episodios de gran tensión con el Partido Popular. El conflicto comenzó cuando la juez comunicó a los siete concejales de la Junta de Gobierno de Santiago las citaciones para declarar como imputados a raíz de una denuncia presentada contra ellos por la Fiscalía.

Nueve meses después de la condena inicial, la Audiencia Provincial de La Coruña dictó una sentencia absolutoria al considerar que no había “base suficiente” para determinar que los hechos por los que fueron juzgados son constitutivos de un delito.

Fue entonces cuando el PP cargó contra la jueza. Varios colectivos de jueces salieron en defensa de la misma.

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