Sánchez acelera el acercamiento de etarras por la amenaza del PNV de romper la legislatura

La presión del PNV y de los colectivos a favor del acercamiento de los presos ha puesto contra las cuerdas al Gobierno de Pedro Sánchez en su plan para trasladar a etarras a prisiones cercanas al País Vasco.

Los peneuvistas- cuyos cinco votos son esenciales para que la legislatura socialista prospere-han condicionado el apoyo al Ejecutivo a que los presos sean trasladados «cuanto antes» y así se lo han hecho llegar al Gobierno a través de los grupos de trabajo que avanzan esencialmente en cuestiones de autogobierno y política penitenciaria.

La relación entre ambas administraciones, según confirmó este lunes el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, es «fluida» y «permanente», aunque el Ejecutivo de Iñigo Urkullu entiende que es hora de concretar los compromisos adquiridos por el Ejecutivo socialista y que pasan, entre otros, por el acercamiento de los presos de ETA de más edad o con edades incurables. En torno a una veintena.

Presión del entorno etarra

La vía de presión no es la única. Las asociaciones de familiares de ETA también reclaman a Sánchez que acometa en las próximas semanas el acercamiento «real» de los presos para «no tener que estar escuchando cada dos por tres declaraciones sin que se den pasos».

Estos colectivos ya han empezado a trasladar la tensión a las calles, convocando actos en los que no se reclama únicamente el acercamiento, sino la excarcelación de los presos de la banda.

El Gobierno de Sánchez, como informó OKDIARIO, dispone ya de datos actualizados sobre los presos etarras que estarían dispuestos a aceptar las “vías legales facilitadoras de su reinserción”, con vistas a proceder a un cambio en su tratamiento penitenciario.

El Gobierno retirará el viernes el recurso a la ley de ‘abusos policiales’, que ampara indemnizaciones a miembros de ETA

Los informes han ido llegando en las últimas semanas a Interior en los últimos meses, después de que, en febrero, el anterior Gobierno requiriese a los directores de los distintos centros penitenciarios varios datos sobre los internos de ETA. Entre ellos, se solicitaba información sobre los presos que hubieran pedido progresión de grado, permisos o destinos, que hubiesen solicitado participar en programas de tratamiento y actividades o “cualquier otro indicio indicativo de aceptación de las vías legales facilitadoras de su reinserción”. 

Asimismo, el Gobierno se ha comprometido a retirar esta misma semana el recurso a la ley vasca de ‘abusos policiales’ que, entre otros, ampara indemnizaciones para terroristas que digan haber sido objeto de malos tratos por parte de agentes.

La decisión ha sido cuestionada tras conocerse el fallo del Tribunal Constitucional que declara disconforme a derecho y anula una norma casi idéntica aprobada en Navarra.

«El viernes, una vez conocida la sentencia [sobre la norma navarra], los gobiernos vasco y español contactaron de nuevo en la Comisión Técnica Bilateral y revalidaron el doble compromiso alcanzado a comienzos de semana: el Gobierno español retirará el recurso de inconstitucionalidad contra la ley vasca en el próximo Consejo de Ministros (3 de agosto) y el Gobierno vasco promoverá una reforma en la que se matizará, concretará y acotará la ley para reforzar las garantías jurídicas y constitucionales de esta Ley», se puede leer en un comunicado emitido desde el Gobierno de Iñigo Urkullu.