El Plan E de Zapatero pagó 300.000 a una empresa de la trama B del PSOE valenciano

La empresa de un ex alto cargo socialista, vinculada a la trama B del PSOE valenciano, recibió 300.000 € del Plan E de José Luis Rodríguez Zapatero. La sociedad de Josep Ramon Tiller Fibla –un antiguo asesor de Lerma, ex diputado autonómico y candidato al Senado- se dedicaba a implantar “opinómetros”: unos aparatos con los que, en teoría, recogían los deseos regulatorios de la población. Y todo ello ha acabado en la mesa de la Justicia que investiga la financiación B de los socialistas en esta comunidad. Porque, según las sospechas judiciales, ésta y otras compañías como Crespo Gomar podrían haber recibido ilegalmente contratos con objeto de ayudar posteriormente en la financiación de las campañas de los socialistas.

El contrato que investiga ya la policía judicial es el “contrato de suministro del sistema de comunicación TIC (opinómetros) adjudicado a la empresa Opino Media SL por el Ayuntamiento de Benidorm en el año 2010 por 193.000 euros (IVA no incluido)”.

Pero lo cierto es que en la implantación del proyecto de colocación de opinómetros, que se adjudicó a Opino Media, se invirtieron 223.880 euros del Plan E, a los que luego se sumaron 31.390 euros de un contrato de “servicio, adecuación, instalación y configuración” de los dispositivos y otros 32.625 euros para contratar a cuatro personas. El coste final fue, por tanto, de 288.435 euros.

En aquella época, el alcalde de Benidorm, el socialista Agustín Navarro, afirmaba que los opinómetros eran una herramienta clave para impulsar la participación ciudadana. Se anunció que mensualmente se dispondría de informes sobre los resultados de los cuestionarios realizados por los vecinos y turistas. Pero lo cierto es que sólo dos estudios llegaron a ver la luz.

El Juzgado de Instrucción señala ahora que “en el pliego de licitación se hacía constar, entre las condiciones exigidas, que el licitador debía acreditar la solvencia técnica y profesional mediante la colocación de los suministros objeto de este contrato en al menos dos municipios”. Pues bien, “dicho extremo no fue acreditado mediante las pertinentes certificaciones de los ayuntamientos”, pese a lo que se admitió que Opino Media participase en la licitación.

Además fue el único licitador por lo que “debió declararse desierto”: pero tampoco fue así. El concurso siguió para dárselo a esta sociedad.

Por otra parte, y como destaca el instructor, “resulta llamativo lo concretas y específicas que aparecían en el pliego las características o requisitos”, lo que lleva a pensar a la Justicia que el concurso estaba diseñado para esta sociedad.

Por último ni tan siquiera se planteó “proposición económica, documento imprescindible que debió exigirse”. Pese a lo que Opino se llevó el contrato.
Hoy Opino Media figura en el Registro como sociedad en liquidación. Pero no estaba así en aquella época, cuando fueron pasando varios administradores hasta quedarse como administrador solidario José Ramón Tiller el 13 de agosto de 2010 y, a partir del 28 de marzo de 2012 como administrador único.

Asesor de Lerma y diputado autonómico

José Ramón Tíller fue asesor del expresidente Joan Lerma y diputado autonómico del PSOE. Optó a ser senador, pero no lo logró. Tiller ha sido, además, director de proyecto de otra de las empresas investigada -Crespo Gomar-.

Opino Media SL, por su parte, percibió ese contrato de cerca de 200.000 euros del Plan E por instalar un total de 19 opinómetros en Benidorm, que poco después se dedicaron a otras funciones debido al elevado coste de su mantenimiento.

Aquella época, además, fue una buena etapa para los socialistas de Benidorm. Era la época en la que mandaba el conocido como ‘clan Pajín’ –la familia de la ex ministra de Sanidad–. Un clan que protagonizó uno de sus episodios más sonados cuando la madre de la ex ministra, Maite Iraola, pactó con un tránsfuga del PP expulsar a los populares de la Alcaldía y aupar al socialista Agustín Navarro en 2009. En ese momento, Leire Pajín era nada menos que la número tres del PSOE y tuvo que acabar pactando con su propia madre que se diera voluntariamente de baja del partido para no expulsarla por el caso de transfuguismo.

Pajín renunció en 2012 a su acta de diputada para ser asesora en las Naciones Unidas. Más tarde volvió a España como directiva del Instituto de Salud Global.