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Varapalo a Lambán y Podemos: la justicia obliga a mantener 12 conciertos que querían retirar en Aragón

Javier Lambán
Javier Lambán, secretario general del PSOE en Aragón y presidente de la comunidad autónoma. (Foto: javierlamban.es)
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Los juzgados de lo contencioso administrativo 1 y 4 de Zaragoza han dictado dos nuevos autos en los que ordenan a la Administración autonómica que mantenga las aulas que tenía concertadas en los colegios San Antonio de Padua y La Anunciata, con lo que suman 12 las resoluciones en este sentido.

Se trata de dos nuevos autos de medidas cautelarísimas en los que los magistrados reiteran a la Administración que incluya en la oferta el número de aulas que los colegios han mantenido hasta este momento y que se continúe con el procedimiento de escolarización hasta que se dicte la definitiva medida cautelar, según han informado este martes fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

Estas resoluciones judiciales se adoptan después de que los colegios recurrieran una resolución del Servicio Provincial de Zaragoza, del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, de 5 de abril, por el que se determinaba el número de vacantes que se pueden ofertar para el próximo curso 2017/2018 y que pretendía no renovar el concierto de trece unidades de 1º de Infantil, once de ellas en la capital zaragozana.

La no renovación de aulas concertadas se decidió, según anunció el Gobierno de Aragón, por razones demográficas y se adoptó pocos días después de que Podemos condicionara su apoyo a los presupuestos de la comunidad autónoma para 2017 a la reducción de conciertos, entre otras premisas.

El anuncio de cierre de aulas concertadas motivó en Aragón una manifestación hace más de una semana, a la que acudieron más de 30.000 personas, según los datos que ofreció entonces la Delegación del Gobierno en Aragón.

Según el TSJA, las medidas cautelares sobre estos conciertos se adoptarán más adelante tras la audiencia de la misma y del Ministerio Fiscal.

Los juzgados han concedido a la Administración autonómica y al Ministerio Fiscal un plazo de tres días para que presenten sus alegaciones.

Los jueces han explicado en sus diversas resoluciones que estas medidas cautelarísimas responden a una situación de urgencia motivada porque el proceso de escolarización comienza el día 18 de abril.

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