Los 10,5 millones de ayuda urgente del Gobierno a La Palma no llegarán «hasta final de año»

• Diego Buenosvinos
• Especialista en periodismo de Salud en OKDIARIO; responsable de Comunicación y Prensa en el Colegio de Enfermería de León. Antes, redactor jefe en la Crónica el Mundo de León y colaborador en Onda Cero. Distinguido con la medalla de oro de la Diputación de León por la información y dedicación a la provincia y autor de libros como 'El arte de cuidar'.
• • 28/10/2021 21:25
  • Actualizado: 28/10/2021 21:47

La ayuda que el Gobierno central garantizó por importe de 10,5 millones y destinada a paliar las necesidades más urgentes de vivienda para los habitantes de los pueblos  afectados por el volcán de La Palma como Tazacorte, el Paso o Los Llanos aún no han llegado, pero lo que es peor, tampoco se espera que «lleguen antes de finales de año» como ha explicado  la concejala de Acción Social del Ayuntamiento de Los Llanos, Elena Concepción.

Así, tanto el Ejecutivo de Pedro Sánchez como el Gobierno de Canarias con Ángel Victor Torres a la cabeza, han cifrado en al menos 250 millones las  ayudas que alcanzarán estas instituciones a través de las diferentes líneas de actuación y que se han presupuestado para La Palma. Pero los ayuntamientos afectados se muestran escépticos de que ese torrente económico alcance a los habitantes de estas localidades de manera inmediata.

Los ayuntamientos afectados son quienes en estos momentos están gestionando las ayudas que se están entregando a los vecinos para que puedan adquirir  productos básicos e imprescindibles como artículos de farmacia, ropa o comida. También están colaborando en la medida de sus posibilidades en el pago de rentas de viviendas y en su caso, el pago de  recibos de luz, entre otros gastos.

El volcán de La Palma lleva en erupción más de un mes y durante todo este tiempo la realidad es que las ayudas han llegado a cuenta gotas. Durante la cuarta visita del presidente Sánchez a la isla aseguró que las «instituciones trabajamos codo con codo para salvaguardar la vida de los habitantes y la reconstrucción de la isla». Pero estas palabras sólo sirvieron hasta el momento para venderse ante los ciudadanos a través de comparecencias públicas.

Tarjetas monedero de 100 euros 

Las ayudas que están gestionando los ayuntamientos afectados por el volcán de La Palma están sirviendo para priorizar las necesidades básicas de los habitantes afectados por la destrucción que está ocasionando las coladas a su paso por estas comarcas. Este jueves, el Gobierno de Canarias ingresó 120.000 euros para ayudas en Los Llanos, pero se quejan de que son cuantías económicas que no alcanzan realmente la necesidad actual de los vecinos. La concejal de esta localidad Elena Concepción aseguró que «llevamos un mes con el volcán y lo que ahora en realidad se necesita es que se agilicen las ayudas y que lleguen cuanto antes».

El coordinador de Atención a la Ciudadanía del Gobierno de Canarias, Sergio Matos, aseguró que se «están siguiendo los pasos para la asignación de viviendas» y que se están recogiendo «los datos que tienen los ayuntamientos» para proseguir con la gestión administrativa. Por otra parte, asumió que están tratando de agilizar «la burocracia» para dinamizar y gestionar de manera «más efectiva» las diferentes líneas de ayudas.

Se flexibiliza la comercialización de los plátanos 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación lanza el proceso de consulta pública, desde este viernes y hasta el 8 de noviembre, de la orden que flexibilizará la norma de comercialización de los plátanos producidos en La Palma para dar salida a los que estéticamente estén dañados, pero aptos para su consumo.

De esta forma los plátanos, cuya epidermis esté afectada por las cenizas, pero cuya pulpa está intacta y, por tanto, garantizada su aptitud para el consumo humano, se podrán destinar a distribución gratuita, así como a los destinos de las retiradas contempladas en el marco del Programa de opciones específicas por el alejamiento y la insularidad (Posei) para Canarias, entre otros usos, para evitar así el desperdicio alimentario.

La futura norma estará vigente, al menos, por un año, y podrá prorrogarse en función de la evolución de la situación.