Díaz acusa a los propietarios de fraude fiscal y quiere prohibir que se pague en efectivo el alquiler

• Alba Martín @alba_mrtn
• • 29/01/2026 17:52
  • Actualizado: 29/01/2026 17:52

Yolanda Díaz ha puesto ahora en la diana a los propietarios de viviendas alquiladas y pretende incrementar su control sobre ellos para «evitar posibles fraudes fiscales» por su parte. Sumar ha registrado una proposición no de ley en el Congreso con la que plantea prohibir que los pagos del alquiler se hagan en efectivo. Pretende asegurar que se realice mediante transferencia bancaria u otros medios de pago electrónicos trazables.

El diputado de Compromís y portavoz de Vivienda del grupo, Alberto Ibáñez, ha registrado esta iniciativa en la Comisión de Vivienda de la Cámara Baja con la que plantea una batería de medidas «contra el fraude fiscal en las rentas inmobiliarias y en favor de un modelo de vivienda accesible».

Con la obligación de que el pago sea mediante un medio electrónico, los de Díaz buscan prohibiendo el pago en efectivo del alquiler que los bancos comuniquen de forma automatizada e instantánea esta información a la administración tributaria. Así pretenden reducir «el fraude fiscal asociado al alquiler de vivienda», así como detectar ingresos no declarados y presuntas prácticas abusivas de los propietarios.

En la misma línea de aumentar la vigilancia sobre los caseros, Sumar también quiere incrementar los recursos humanos y materiales de Hacienda para crear unidades especializadas en la «detección, prevención y sanción del fraude y la evasión fiscal vinculados al mercado inmobiliario», incluyendo alquileres no declarados, plusvalías ocultas y otras prácticas irregulares.

Una retención mensual del 1%

E de las propuestas que incluye la iniciativa pasa por establecer una retención del 1% sobre el alquiler, que el propietario deberá ingresar mensualmente en la AEAT, con el fin de disponer de un indicador mensual fiable para la evolución del precio de los alquileres.

Compromís esgrime que este indicador es necesario porque hoy no existe ni en el IPC (por su falta de representatividad), ni el Índice de Precios de la Vivienda en Alquiler (IPVA) por su falta de actualidad.

El grupo plurinacional también ha advertido de que pretende llevar a cabo una reforma fiscal integral que desplace la presión fiscal de las rentas del trabajo a las rentas del capital y «que termine con los privilegios fiscales de los rentistas». En este sentido pide aprobar un plan específico contra la evasión y el fraude fiscal vinculado a las rentas inmobiliarias que, según los cálculos de Sumar, anualmente representa más de 12.500 millones de euros.