Urbas opta a comprar Abengoa a pesar de tener pendiente un juicio por corrupción en la Audiencia Nacional

El consejo de Urbas afronta la que puede ser una semana decisiva para el futuro de la compañía con la atención puesta en dos frentes judiciales: por un lado, el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Sevilla, que analiza su oferta por Abengoa. En un sentido muy distinto, los gestores de la inmobiliaria siguen pendientes de que el Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional fije fecha sobre el juicio por los delitos de estafa y administración desleal, entre otros, que presuntamente habrían cometido su presidente, Juan Antonio Acebo, y uno de sus consejeros independientes, Luis Ramos.

La Fiscalía Anticorrupción añade también la comisión de varios delitos contra el mercado y los consumidores en la ampliación de capital de casi 384,5 millones de euros realizada en 2015. El proceso incluye, además, al anterior presidente de Urbas, Juan Antonio Ibáñez; al socio de Grant Thornton, Alfredo González del Olmo -que asesoró en la operación-, y los entonces consejeros Julia María Moreno, José Antonio Bartolomé y José Humberto Ávila, entre otros.

Hoy, según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Juan Antonio Acedo, presidente, es el primer accionista de Urbas (25,614% del capital), seguido por el expresidente, Juan Antonio Ibáñez (20,718%) y Alza Real Estate (14,291%)

Aunque prevalece la presunción de inocencia, el hecho de que dos de los ocho miembros del actual consejo de Urbas se encuentren implicados en un proceso judicial de esa envergadura, no parece aportar demasiada tranquilidad a la banca acreedora y la masa laboral de Abengoa.

Según consta en la Memoria de 2002 de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, la causa fue elevada el año pasado para su enjuiciamiento a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y está pendiente de que se fije fecha para la celebración del juicio oral.

En total, la Fiscalía Anticorrupción incluye en el proceso a un total de 14 personas, además de reclamar la responsabilidad civil subsidiaria de Grant Thornton, Urbas Grupo Financiero y otras. El proceso se abrió con la presentación de una querella relacionada con la ampliación de capital, por 384 millones de euros, que fue suscrita mediante la aportación de diversas fincas «con serios indicios de haber sido fuertemente sobrevaloradas», según señalaba un informe elaborado por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) del Ministerio de Hacienda y Función Pública y por la Intervención General del Estado (IGAE).

En 2020, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama propuso juzgar a la empresa y sus máximos responsables al entender que la ampliación de capital realizada para absorber la inmobiliaria Aldira Inversiones Inmobiliarias incluía varias irregularidades. Una vez cerrada la fusión por absorción, los accionistas de Aldira recibían el 92% de las acciones de la nueva Urbas lo que en su opinión se trataba de una adquisición inversa de combinaciones de negocio.

Aldira era una empresa de reciente creación en el momento de la absorción por Urbas, propietaria de inmuebles adquiridos poco tiempo antes mediante aportaciones por otras sociedades. Buena parte de esos inmuebles -decía la acusación- fueron valorados por una tasadora relacionada con varias de las empresas que aportaron los inmuebles a Aldira de forma que más del 70% de las nuevas acciones de Urbas correspondía a empresas vinculadas a sus consejeros. Además, en los balances de las empresas que sirvieron para definir no acababa de estar todo claro. «Dentro de los fondos propios de cada una de las sociedades, se expresaban en los activos unas plusvalías no ajustadas a la realidad e injustificadas, que desvirtuaban completamente el sentido de la operación. El valor de los inmuebles que constituían los activos había sido estimado por el Consejo de Administración de Urbas», decía el juez Calama en su auto.

Actos «mendaces»

Las valoraciones fueron revisadas y avaladas por Grant Thornton que aseguraba: «Los criterios de valoración utilizados por la dirección de Urbas para determinar el valor de las participaciones de Aldira son razonables y los valores a los que estos conducen se corresponden, de manera razonable, con el valor nominal, más prima de emisión a emitir por Urbas como contrapartida en el aumento de capital».

El juez Calama, sin embargo, no opinaba igual y en su auto deja claro que ambos informes se expidieron «con conocimiento de que contenían una ficticia sobrevaloración de los activos inmobiliarios de Aldira y, por tanto, conllevando un engaño hacia los accionistas de Urbas, obteniendo a través de estos actos mendaces el voto favorable de los socios a la propuesta de ampliación, y justificando falazmente así la posterior puesta en circulación en el mercado de capitales de las acciones creadas engañando a los futuros compradores sobre su verdadero valor».

Esta ampliación generaba además, según el juez, un evidente perjuicio a todos los accionistas que no estuvieran relacionados con Aldira, ya que diluía su participación en Urbas un 10,785% según el borrador nota de valores remitido por la entidad a la CNMV.

«No existe motivo alguno para considerar que patrimonio inmobiliario de Alidra no estuviera igualmente afecto por la situación general de deterioro del mercado inmobiliario, así como sujeto al patrón que seguían las entidades financieras respecto de la dación en pago», aclara el magistrado de la Audiencia Nacional.