La UE refuerza las competencias de la Autoridad Bancaria Europea para combatir el blanqueo de capitales

El Sistema Europeo de Supervisión Financiera fue creado en 2011 a raíz de la crisis financiera y está compuesto, además de la EBA -que presidirá el español José Manuel Campa a partir del 1 de abril- por la Autoridad Europa de Seguros y Pensiones (EIOPA) y por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), a las que se suma la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS).

El objetivo de estas instituciones es garantizar una regulación adecuada y estabilidad y solidez en los mercados financieros del bloque comunitario, ha informado el Consejo de la UE en un comunitario. También contribuyen a elaborar y aplicar de forma coherente el conjunto de normas europeas y promueven la convergencia normativa y de supervisión.

El acuerdo político alcanzado este jueves por los equipos negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE (los países) todavía debe ser refrendado por ambas instituciones antes de que entre en vigor.

Cuando esto se produzca, se reforzarán las competencias de la EBA en materia de supervisión en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo por parte de entidades financieras. En concreto, asumirá las tareas de recopilar información procedente de las autoridades nacionales, realizar evaluaciones de riesgos y facilitar la cooperación con países de fuera del bloque comunitario.

Además, se reservará la posibilidad de adoptar una decisión dirigida de forma directa a un banco concreto como solución de último recurso si las autoridades nacionales competentes no actúan si se detecta vínculos con actividades de blanqueo o financiación del terrorismo.

Por otro lado, el nuevo marco otorga a la ESMA poderes directos de supervisión en materia de índices de referencia cruciales y sobre los proveedores de información consolidada, salvo los más pequeños.

Del mismo modo, las nuevas normas revisan la estructura de gobernanza de las instituciones financieras europeas, para dar un papel «fundamental» a las autoridades nacionales y garantizar que no se toma ninguna decisión contra la voluntad de la mayoría de supervisores nacionales y la Junta de Supervisores.

Por último, en cuanto a su régimen de financiación, mantiene las líneas generales del actual sistema de contribuciones, que proceden en gran parte del presupuesto de la UE y en parte de las autoridades nacionales, y añade la posibilidad de aportaciones voluntarias de Estados miembros o de observadores.