Trinitario Casanova, al final de la escapada: el concurso de Trabis amenaza al ‘rey del pelotazo’

A principios de siglo, en la época del boom inmobiliario español, cuando Trinitario Casanova viajaba a Londres «se hacía poner una alfombra para bajar del avión», recuerda un antiguo señor del ladrillo que compartió aventuras y desventuras con el dueño del grupo Baraka. «Parecía la Reina de Inglaterra», dice.

Cuajado en operaciones inmobiliarias de todo tipo, Trinitario Casanova lleva tres décadas viviendo al límite, firmando operaciones de inversión controvertidas, apareciendo y desapareciendo como un relámpago en la compra venta de inmuebles representativos, y zafándose de investigaciones judiciales y crisis económicas en el último momento.

Pero ahora, Casanova se encuentra al final de la escapada. El concurso de acreedores de su constructora Trabis puede terminar con la carrera del empresario nacido en Orihuela en el año 1964, asentado en Murcia.

La Fiscal y la administración concursal han solicitado al Juzgado al frente del concurso de acreedores de Trabis que declare culpable el concurso, y que se condene a Trinitario Casanova a la retirada de la capacidad para administrar empresas durante ocho años. Además requieren que cubra el déficit patrimonial generado, superior a los 14 millones de euros.

El Juzgado Mercantil número 14 de Madrid, al frente del concurso de Trabis, emplazó el pasado mes de marzo a Trinitario Casanova y sus empresas a presentar alegaciones. Fuentes cercanas a Casanova han indicado a este diario que mientras no se dice sentencia no se harán declaraciones al respecto, y han apuntado que se han presentado recursos.

Alzamiento de bienes

La Fiscalía Provincial de Madrid, Sección Delitos Económicos, explicaba en escrito presentado ante el Juzgado en febrero de 2021 que la constructora Trabis fue despatrimonializada al aprobarse la entrega de un dividendo de 10 millones de euros a Baraka Capital Group, sociedad también de Trinitario Casanova.

Además, Trabis llevó a cabo pagos «injustificados» de 4,3 millones de euros también a Baraka Capital Group. Estas operaciones fueron realizadas entre mediados y finales de 2018; meses después, Trabis fue declarada en concurso de acreedores, dejando a las pymes con las que trabajaba en una delicada situación al no pagar las deudas debidas.

La Fiscal advierte en su escrito que estas operaciones de dividendos y pagos «injustificados», no puede sino concebirse como «un alzamiento de bienes, que podría ser constitutivo de un delito del artículo 257 del Código Penal», castigado con hasta cuatro años de cárcel. También subraya que se han detectado «irregularidades contables relevantes» en las cuentas de la constructora Trabis.

Traspaso al chófer

Empresas acreedoras de Trabis presentaron escritos a principios del año 2020 ante el Juzgado Mercantil número 14 de Madrid advirtiendo que Trinitario Casanova había traspasado la administración de la constructora antes de que esta fuera declarada en concurso.

La persona a la que fue traspasada Trabis, advirtieron los acreedores de la compañía al Juez, es conocida «por ser empleado de D. Trinitario Casanova, en concreto su chófer».

En sus escritos los acreedores indicaron que esta person no es más «que un testaferro que se ha prestado para constar primero como administrador único y luego también como socio único de Trabis Edificación Avanzada».

Intermediaciones millonarias

Casanova ha sido un visto y no visto en operaciones inmobiliarias millonarias, apareciendo en el último momento de la firma logrando jugosas comisiones. A mediados de 2015, a través de su grupo Baraka, se adjudicó una sucursal de Bankia situada en la Gran Vía de Madrid, por 20 millones de euros. Al cabo de un mes la revendió logrando una ganancia de 2,6 millones.

Pero la irrupción más espectacular de Casanova en una operación inmobiliaria sucedió en mayo de 2017, cuando compró el Edificio España en Madrid al grupo chino Wanda, por 272 millones y, en cuestión de unas horas, lo revendió a la cadena hotelera RIU por 300 millones, según se publicó entonces.

La operación supuso el inicio de una batalla en los tribunales entre RIU y Baraka y también la presentación de demandas de otras sociedades que participaron en la misma.

La Audiencia Provincial de Madrid condenó en 2019 a la empresa de Casanova al pago de 750.000 euros, más intereses, IVA y costas, a dos empresas españolas de asesoría que denunciaron a Baraka por no haberles pagado el trabajo llevado a cabo durante la compra y venta del Edificio España.

Del boom al Popular

A pesar de aparentemente tenerlo todo en contra, no sería la primera vez que Casanova consiguiera eludir responsabilidades.

Al filo de la explosión de la burbuja inmobiliaria española, en julio de 2008, Casanova vendió su grupo Hispania a otro empresario del sector, José Ramón Carabante, por 650 millones de euros, salvándose así de la hoguera en la que ardieron todos los señores del ladrillo, desde Luis Portillo hasta Joaquín Rivero pasando por Fernando Martín o Rafael Santamaría.

Aquella operación incluía el traspaso de las acciones de Banco Popular que Casanova había adquirido poco antes, por valor de 527 millones de euros, cerca de 400 millones financiados por Fortis Bank.

Entre 2007 y 2008, ante la caída progresiva del valor de la entidad financiera en Bolsa, el empresario corrió el rumor por medios de prensa de que un grupo de inversión mexicano quería comprar un paquete de acciones representativo de Popular, incrementado así el valor de las acciones.

Trinitario Casanova fue juzgado por manipular el precio de las acciones de Banco Popular. El Juzgado de lo Penal número 29 de Madrid le condenó a un año de prisión por manipulación del mercado.

Pero a mediados de 2017 la Audiencia Provincial de Madrid revocó la condena por una pena de nueve meses de multa y seis meses de inhabilitación para actuar en el mercado financiero.