La antigüedad de los funcionarios del Estado cuesta 1.100 millones de euros al año

Cuando empezó la crisis económica en 2007, el 27,2% de los empleados del sector público (814.600) tenía más de 50 años. Mientras, en el sector privado la cifra de esos asalariados era sólo del 15,9% (2.250.100) tras los primeros ajustes en las grandes empresas en los años previos. Sin embargo, ese porcentaje de trabajadores mayores en las Administraciones Públicas se ha elevado en 2018 hasta el 43,4% (casi 1,4 millones).

Por su parte, en el sector privado, con una generalización de los ajustes también en ese tramo de edad, la población laboral que supera los 50 años alcanzó al 24,8% (casi 3,3 millones), pero sus condiciones laborales, e incluso salariales, no pueden compararse. Por tanto, casi la mitad de los que trabajan en las Administraciones tiene más de 50 años mientras que en las empresas privadas sólo tiene esa edad uno de cada cuatro trabajadores. Ese porcentaje de mayores de 50 años supera ya el 55% en las plantillas de los funcionarios de los ministerios y llega al 75% en el caso del personal laboral.

Además, mientras que el 80% (2,5 millones) del conjunto de empleados públicos lleva más de seis años (único dato comparable en la EPA) en nómina de alguna de las Administraciones, la cifra sólo alcanza a poco más del 50% en el sector privado con ese periodo de trabajo en la misma empresa. Se debe a que la flexibilidad introducida por la reforma laboral de 2012 se ha concentrado exclusivamente en el sector privado y ha acabado con las antigüedades laborales.

Además, han dejado de computarse los trienios ya que ha dejado de ser un plus salarial que se establecía en los convenios. Es decir, los trienios ya no se pagan en más de un 65% de los convenios. Las dos recesiones han dilapidado esta vieja conquista. Los sindicatos intentaron canjear este complemento por planes de pensiones, pero no se avanzó. Fuentes de la CEOE reconocen que la tendencia es ir hacia su supresión definitiva porque no prima la productividad.

Sin embargo, la antigüedad el sector público, que cobran incluso los funcionarios que dejan su condición para dedicarse a la actividad política o los ministros, se ha convertido en una inmensa bola de nieve que, como consecuencia de la estabilidad en el empleo y el envejecimiento de las plantillas, eleva cada vez más la masa salarial. El coste previsto de estos trienios se acerca en 2019 a los 1.100 millones de euros sólo para los funcionarios de los ministerios (452.000) -como muestra el gráfico-. Lo que supone un cobro medio individual de unos 2.500 euros anuales, cifra que es mucho mayor cuando se acumulan muchos años en el desempeño público.

No se incluye en estos datos a los funcionarios de las Cortes y otros organismos del Estado, ni al personal laboral de la Administración Central y organismos autónomos o administrativos, Seguridad Social y agencias u otras entidades. Tampoco se incluye el gasto de los empleados de las empresas públicas ni los pluses que reciben los 1,8 millones de empleados de las autonomías o los casi 700.000 de los ayuntamientos. El gasto total de esta partida de todas las Administraciones supera con creces los 8.000 millones de euros mientras que en el sector privado ha desaparecido prácticamente.  

Entre 8 y 10 trienios

Según fuentes sindicales, cada empleado público acumula una media de entre 8 y 10 trienios de antigüedad (30 años), que va creciendo, también su coste, a medida que aumenta la edad de estos colectivos y también porque en muchos casos retrasan su jubilación. Cada trienio, que se actualiza cada año, recibe una remuneración que puede llegar hasta los 544 euros en 2019 según el grupo profesional. Y se suma a otros pluses, como el de productividad, que supone otro gasto de más de 1.000 millones para el Estado.

Interior es el ministerio que más gasto en trienios tiene de sus funcionarios, supera los 400 millones de euros. Lo mismo ocurre con Defensa, con más de 305 millones. Entre ambos copan dos tercios de estos gastos en el Estado. Les sigue Justicia, con casi 122 millones; y Hacienda, con casi 75 millones, por la elevada edad de los trabajadores de la Agencia Tributaria.