El Tribunal de Cuentas acusa al Gobierno de inflar la deuda de la Seguridad Social con préstamos millonarios
Según el Tribunal de Cuentas hay problemas financieros y de carácter estructural reflejados en el balance de la Seguridad Social a través de su patrimonio neto negativo
El Tribunal de Cuentas recomienda que las aportaciones del Estado a la Seguridad Social se realicen a través de transferencias corrientes en lugar de préstamos a largo plazo.
En una nota informativa publicada este viernes, el órgano fiscalizador señala que las Declaraciones sobre la Cuenta General del Estado (DCGE) vienen poniendo de manifiesto recurrentemente en los últimos años, los problemas financieros y de carácter estructural reflejados en el balance de la Seguridad Social a través de su patrimonio neto negativo y de su endeudamiento frente al Estado.
En consecuencia, el Tribunal recomienda que las aportaciones del Estado a la Seguridad Social se instrumentalicen a través de transferencias corrientes consignadas en los Presupuestos Generales del Estado o mediante las que resulten precisas para atender necesidades coyunturales, con arreglo a los mecanismos que se establezcan legalmente y no mediante préstamos a largo plazo. Asimismo, considera que deberían adoptarse las medidas necesarias para readaptar el reflejo contable del endeudamiento conforme a su verdadera naturaleza económica de transferencias corrientes.
La nota también pone de manifiesto que la deuda por préstamos asciende a 126.171 millones de euros, de los que 17.169 millones corresponden a préstamos otorgados entre 1992 y 1999 y 109.002 millones al endeudamiento contraído entre 2017 y 2024.
Según el análisis realizado por el Tribunal, si dichas aportaciones se hubieran instrumentado como transferencias corrientes, en coherencia con la naturaleza económica de los gastos financiados, el patrimonio neto dejaría de presentar un saldo negativo superior a 110.000 millones de euros y pasaría a ser positivo en 12.174 millones, mientras que el endeudamiento por préstamos se reduciría desde los actuales 126.171 millones hasta aproximadamente 27 millones.
A 31 de diciembre de 2024, el endeudamiento de la Seguridad Social con el Estado ascendía a 135.253 millones de euros, integrado por préstamos a largo plazo por importe de 126.171 millones de euros, equivalentes al 7,9% del PIB de 2024, y una deuda a corto plazo derivada de la financiación de las funciones de asistencia sanitaria y servicios sociales traspasados al País Vasco y Navarra.
Además, recuerda que el Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo aprobado por el Congreso en noviembre de 2020 señalaba que para 2023 debería haberse acabado con la política de préstamos al sistema, si bien en 2024 y 2025 se concedieron dos nuevos préstamos por importe de 10.004 millones de euros cada uno al amparo de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2023.
En concreto, la Nota elaborada por el Tribunal tiene por objeto ampliar la información sobre el efecto que el endeudamiento con el Estado tiene sobre el balance de la Seguridad Social y la imagen que proyecta sobre la situación financiera del sistema.
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