El Tribunal de Cuentas advierte de la imposibilidad de desmantelar las centrales nucleares

Así se desprende del nuevo informe que la institución aprobó el pasado 30 de mayo y que realiza un estudio sobre el cumplimiento de las recomendaciones que el tribunal realizó a Enresa en el año 2015.

En su informe de hace cuatro años sugería, entre otras medidas, revisar anualmente su financiación, es decir, los elementos tributarios de las dos tasas que recaen sobre las empresas titulares de las centrales, en función de las necesidades de financiación futura.

Financiación

Ahora, el órgano alerta de que la entidad pública no ha cumplido con aquella recomendación que se le propuso hace cuatro años y que, por tanto, existirá un «déficit de financiación futura con cargo a la tasa que recae sobre la tarifa eléctrica y también con cargo a la tasa que recae sobre las centrales nucleares operativas».

El estudio financiero realizado por Enresa, actualizado a junio de 2018, estima que el valor actualizado a 1 de enero de 2019 de los costes futuros para cada una de las líneas de actividad en las que puede agruparse la gestión que tiene encomendadas, bajo la hipótesis de una vida útil de 40 años para las centrales operativas, ascendería a 10.697 millones de euros, mientras que el valor estimado a 31 de diciembre de 2018 es de 5.678 millones, por lo que la recaudación pendiente necesaria para cubrir dichos costes futuros estimados, ascendería a 5.019 millones.

«Con los actuales elementos de determinación de la cuota de las tasas y las previsiones actualizadas a 1 de enero de 2019 de las bases sobre las que estas recaerían realizadas por Enresa, existiría un desviación de financiación de los costes con cargo a la tasa que recae sobre tarifa eléctrica estimada en 435 millones y con cargo a la tasa que recae sobre las centrales operativas estimada en 1.919 millones», señala el órgano presidido por María José de la Fuente.

Recomendación

Pero, además, el Tribunal de Cuentas señala que de las cinco recomendaciones realizadas en 2015 sólo se ha cumplido una: la que sugería a Enresa hacer sus cálculos para el Fondo de financiación del Plan General de Residuos Radioactivos (PGRR) imputando a la tasa relativa a las centrales en explotación la totalidad de los costes por asignaciones a ayuntamientos afectados por estas instalaciones, así como aquellas que suponen el almacenamiento de estos residuos.

Por el contrario, la empresa pública no ha cumplido con la internalización, por las empresas titulares de las plantas, de los costes de estas asignaciones a ayuntamientos e impuestos medioambientales, ni ha articulado un procedimiento formal de comunicación con la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) que le permita contrastar los elementos que integran las bases imponibles de las tasas que recaen sobre las empresas titulares de las centrales.

Tampoco ha completado, tal y como le proponía el tribunal, la regulación de la gestión y la financiación de los residuos generados en la utilización de radioisótopos en la medicina, la industria, la agricultura y la investigación, al recogerse de forma residual en la regulación eléctrica.

El presidente de Enresa, José Luis Navarro Ribera, ha alegado ante estas advertencias que la empresa pública no puede dar cumplimiento a estas recomendaciones porque «todas se refieren a aspectos regulatorios» y, por tanto, no tiene «capacidad legal para llevarlas a cabo».
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