Los técnicos de Hacienda denuncian que externalizar la inspección tributaria causará más fraude fiscal
Así lo ha expuesto el nuevo presidente de la asociación, Javier Gómez Vergel
Técnicos de Hacienda denuncian que la Agencia Tributaria incumple la ley antifraude y omite delitos
El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, ha denunciado este jueves que externalizar la inspección tributaria en el ámbito local abre la puerta al fraude fiscal y no se ajusta al Derecho. Así lo ha expuesto el nuevo presidente de la asociación, Javier Gómez Vergel, en el XXV Curso sobre Inspección y Actualidad Tributaria organizado por la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (ANIHPL).
El sindicato de técnicos de Hacienda ha vinculado esta «peligrosa deriva» en la lucha contra el fraude a la deficiente dotación y gestión de los recursos humanos en las administraciones que tienen encomendada la aplicación del sistema tributario y el control de la ejecución del gasto público, algo que afecta a la inspección.
En este contexto, el sindicato ha señalado como ejemplo la situación de la Agencia Tributaria estatal (AEAT), cuya plantilla, con una edad media de 49,6 años, se ha reducido en más de 600 efectivos desde el año 2000 y lleva casi dos décadas con la carrera profesional congelada, a lo que se suma la dificultad de movilidad para sus técnicos.
La inspección local de Hacienda
En el ámbito local, los técnicos de Hacienda sostienen que la falta de planificación y de una gestión adecuada de los recursos humanos ha llevado a algunos ayuntamientos a externalizar tareas de inspección.
El sindicato considera esta práctica inaceptable, tanto por la merma de garantías para los ciudadanos y el riesgo de comprometer la confidencialidad de los datos, como por su presunta ilegalidad, al implicar el ejercicio de potestades públicas esenciales por parte de entidades privadas.
Por todo ello, los técnicos reclaman un refuerzo y un mayor reconocimiento de los recursos del Ministerio de Hacienda, especialmente de la AEAT y de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), así como de sus equivalentes en las comunidades autónomas y las haciendas locales, con el objetivo de intensificar la lucha contra el fraude, asegurar el cumplimiento normativo y fortalecer el control del gasto público.
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