Los socios exigen a Sánchez el «control público» de empresas como Telefónica tras la irrupción saudí

Los socios gubernamentales de Pedro Sánchez exigen intervenir en Telefónica. Aprovechando la compra del 9,9% de la compañía por parte del principal operador de Arabia Saudí, multitud de voces de Sumar y Podemos llaman a imponer el «control público» de la multinacional que capitanea José María Álvarez-Pallete, así como del resto de las empresas estratégicas españolas. Entre otros, Ione Belarra, líder de Podemos, pide que «en los próximos años, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) tenga al menos el control del 10% de Telefónica».

«Estas empresas deberían tener un control en pleno siglo XXI relacionado con la Defensa Nacional. Todo el mundo entiende que una empresa como Telefónica es estratégica para la Defensa Nacional y que, por tanto, a partir de la compra del 5% ya debería tener control gubernamental. Y una propuesta que llevamos haciendo mucho tiempo es una empresa de telecomunicaciones pública o de control mayoritario público [en referencia a Telefónica]. Con un objetivo político muy claro: que el pilotaje de la digitalización en España tiene que hacerse desde lo público para garantizar derechos, como la fibra óptica en el mundo rural», agrega Belarra.

Otra de las personas con más peso político que se han pronunciado es Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno de coalición en funciones. La también líder de Sumar empuja Sánchez a meter mano en la antigua sociedad estatal: «Preservar nuestra autonomía estratégica es esencial. España debe asegurar la toma de decisiones en empresas como Telefónica, guardianas de datos sensibles». «Es necesaria una mejor regulación y una protección para evitar OPA. Debemos proteger nuestro futuro digital», agrega la titular de Trabajo y Economía Social.

Sector estratégico

Enrique Santiago, diputado, líder del PCE y ex secretario de Estado de la Agenda 2030 también va en la misma línea: «Hay que impedir que una ex empresa pública, líder mundial en telecomunicaciones, pase a control de la dictadura feudal saudí. Accederá a información estratégica del Estado y personal de la ciudadanía. Trabajamos por el control público los sectores estratégicos de la economía».

Con la misma visión se pronuncia Más Madrid en boca del diputado regional Hugo Martínez Abarca: «La compra saudí de Telefónica amenaza más nuestra soberanía que todos los debates bizantinos en los que andamos enredados».

Por su lado, Pablo Echenique, que dejó la política institucional, pero sigue compartiendo sus reflexiones en redes, ha cargado contra Felipe González y José María Aznar por «poner en manos privadas sectores estratégicos». «Cuando una gran empresa que debe suministrar un bien básico deja de estar bajo el control público, obviamente deja de tener el interés general como principal brújula y pasa a orientar sus acciones únicamente hacia la búsqueda del máximo beneficio. Eso significa comportamientos abusivos hacia los consumidores, competencia desleal contra agentes económicos más pequeños y tarifas más altas», lanza Echenique.

De esta forma, justifica que «Podemos defiende que tiene que haber una gran empresa pública en cada uno de los sectores estratégicos -banca, energía, telecomunicaciones, medicamentos, alimentos, etc.- y por eso la mayoría de los medios intentan destruir la reputación de nuestras dirigentes».

PSOE

Mientras la izquierda más radical deja notar su pulsión de estatalizar gran parte de la economía, la parte socialista del Gobierno está analizando si la operación requiere algún tipo de autorización por ser un operador estratégico. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez velará por preservar la «autonomía estratégica» en Telefónica, tras la adquisición por parte de la saudí STC de una participación del 9,9% en la compañía española por un importe total de 2.100 millones de euros, sin intenciones de toma de control.

Asimismo, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha desvelado desde Bruselas que la saudí STC transmitió este miércoles al Gobierno en «carácter amistoso» de la adquisición de una décima parte de Telefónica por 2.100 millones de euros, sin intenciones de toma de control. Recuerda que «afortunadamente» el Gobierno «ha reforzado los mecanismos de control de inversiones extranjeras al tiempo que hemos impulsado el papel de España como polo de atracción de inversiones europeas» y pide «confianza y tranquilidad».