Una sentencia permitirá que haya más chiringuitos en las playas españolas

El fallo del Tribunal Supremo que anula el reglamento de la Ley de Costas, aprobado en agosto de 2022, constituye un giro trascendental que podría tener un profundo impacto en el paisaje costero de España. Esta decisión revierte significativas restricciones establecidas en la legislación modificada por el Gobierno hace dos años, que incluía prohibiciones importantes, como la instalación de chiringuitos o la construcción de edificaciones de más de una planta.

Las costas españolas han sido, a lo largo de la historia, uno de los elementos del paisaje más protegidos contra la edificación descontrolada. Desde 1988, la Ley de Costas ha desempeñado un papel crucial en la regulación del uso del dominio público marítimo-terrestre, con un enfoque particular en la protección de las playas. Sin embargo, la reciente anulación del reglamento plantea dudas sobre la sostenibilidad de estas protecciones, abriendo la puerta a una mayor flexibilidad para la construcción en las zonas costeras.

Más chiringuitos en las playas

La modificación de la Ley de Costas en 2022 abordó varios aspectos clave, como la eliminación de la distinción entre distintos tipos de dunas, incluyéndolas en la delimitación de la playa. Además, introdujo restricciones a la ocupación de establecimientos expendedores de alimentos y bebidas en las playas, lo que afectaría directamente a los populares chiringuitos. También se realizaron ajustes en los procedimientos de deslinde marítimo-terrestres y en los plazos de concesiones, incorporando consideraciones sobre el impacto ambiental de la actividad y los efectos del cambio climático.

La controversia que rodea a esta modificación se centra en un paso omitido por el Gobierno, que no consultó adecuadamente a los ciudadanos. La falta de trámites suficientes de consulta pública llevó al Tribunal Supremo a anular completamente el real decreto. En su sentencia, el tribunal subrayó la importancia de la consulta pública en determinados casos y resaltó la necesidad de justificar la omisión de este proceso.

Desde una perspectiva práctica, la anulación implica que vuelve a estar en vigor el reglamento elaborado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2014. Este reglamento, que fue modificado por el Gobierno de Sánchez en 2022, establecía condiciones más estrictas para la construcción en las playas. Entre ellas, limitaba la altura de los chiringuitos a una planta, sin permitir sótanos, y establecía restricciones para no afectar la armonía del paisaje costero.

La decisión del Tribunal Supremo ha sido recibida como una victoria por parte de los empresarios, especialmente aquellos vinculados a la industria de bares, chiringuitos y almacenes en el subsuelo. La derogación de la normativa anterior les otorga la posibilidad de obtener licencias de hasta 75 años en lugar de los 30 establecidos por la modificación de 2022. Además, se espera una flexibilización de las condiciones para la construcción de chiringuitos, permitiendo estructuras más grandes y la posibilidad de tener sótanos en las playas.

Ecologistas contra los chiringuitos

Esta perspectiva ha generado preocupación entre los ecologistas y las asociaciones medioambientales que han estado luchando contra la expansión de chiringuitos y estructuras de hormigón en las playas. Consideran que estas construcciones pueden tener un impacto negativo en los ecosistemas costeros y argumentan que deben ser de temporada y desmontables en todos sus elementos. A pesar de sus esfuerzos y denuncias, la anulación del reglamento actual les deja en una posición vulnerable, ya que, según advierten, si el Gobierno no presenta un nuevo reglamento con la debida consulta pública, los chiringuitos tendrán vía libre para su expansión.

La discusión en torno a este tema pone de manifiesto la importancia de encontrar un equilibrio entre el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente. Los defensores de la derogación argumentan que la flexibilización de las restricciones permitirá un crecimiento económico en las zonas costeras, generando empleo y fomentando la actividad turística. Por otro lado, los críticos, especialmente las organizaciones ecologistas, advierten sobre los posibles daños irreparables que la construcción descontrolada podría causar a los ecosistemas costeros y al paisaje natural.

La decisión del Tribunal Supremo también reabre el debate sobre la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones que afectan al medio ambiente y al uso del espacio público. La omisión de consultas públicas adecuadas por parte del Gobierno ha sido un punto central en la anulación del reglamento, destacando la necesidad de involucrar a la sociedad en decisiones que pueden tener un impacto duradero en el entorno natural.

En este contexto, las asociaciones ecologistas se han manifestado en contra de la anulación, expresando su preocupación por el futuro de las playas y la posible pérdida de la integridad de los ecosistemas costeros. Rafael Yus, de Ecologistas en Acción, lamenta la falta de acción por parte del Gobierno y advierte que, si no se presenta un nuevo reglamento con la debida consulta pública, los chiringuitos tendrán vía libre para su expansión, desafiando las preocupaciones ambientales.

Un ejemplo reciente que resuena en esta discusión es la denuncia presentada por ecologistas contra las obras del chiringuito Bikini Beach, ubicado en la playa del Castillo de Málaga. Este establecimiento buscaba construir un sótano de hormigón en la playa, lo que generó argumentos sobre la necesidad de que estas instalaciones sean de temporada y desmontables en todos sus elementos. Sin embargo, con la anulación del reglamento, estas preocupaciones parecen perder peso, dejando en una situación vulnerable a aquellos que abogan por la protección del medio ambiente.