El sector agroalimentario, en pie de guerra contra el impuesto catalán a las bebidas azucaradas

Hace más de un mes que una Coca-Cola cuesta más cara en Cataluña que en cualquier región de España. Quien dice Coca-Cola dice zumos de frutas, bebidas deportivas, té o café, aguas con sabores, bebidas energéticas y otros refrescos. Aquellos que tengan un viaje programado a la región del nordeste de la Península Ibérica, no se sorprendan si les cobran más por tomarse una bebida azucarada.

El impuesto catalán tiene dos tipos de gravamen, según el contenido de azúcar que tenga la bebida envasada: 8 céntimos más por litro si tiene entre 5 u 8 gramos de azúcar por 100 mililitros y 12 céntimos más por litro si tiene más de 8 gramos por 100 mililitros.

La medida también afecta a las empresas que están en Cataluña. Son las compañías -contribuyentes, como se les bautiza en la Ley 5/2017 que recoge el impuesto- las que tienen la obligación de recaudar el importe del gravamen: desde comercios de venta, tales como hipermercados, supermercados o tiendas de barrio; pasando por bares, hoteles, cines o máquinas de vending, entre otras.

Sin embargo, el Impuesto sobre las Bebidas Azucaradas Envasadas (IBAE) sacude a toda la cadena agroalimentaria: desde los agricultores que suministran la materia prima, el azúcar; pasando por las empresas que fabrican las bebidas y que las producen, con todo lo que eso conlleva -envasado, etiquetado, etc.-

«Rompe la unidad de mercado»

El sector, que ya dio un golpe en la mesa el pasado mes de marzo cuando el Parlamento de Cataluña dio luz verde al tributo, ha vuelto a ponerse en pie de guerra. Doce organizaciones se han apoyado en un informe jurídico -elaborado por el despacho de abogados Uría Menéndez- y se lo han remitido al presidente del Gobierno: en él, solicitan a Mariano Rajoy que presente un recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto. «Esta medida no es conforme con las exigencias y limitaciones del principio de territorialidad fiscal o tributaria y establece una serie de desincentivos a la desmoralización de empresas de distribución», explican en el estudio.

Las empresas amenazan con irse de Cataluña si este recurso no sale adelante: «rompe la unidad de mercado, vulnera el principio de territorialidad y obstaculiza la libre circulación de mercancías y servicios en territorio nacional», denuncian desde el sector.

La Generalitat prevé recaudar más de 40 millones

La medida, que tiene como objetivo cambiar los hábitos de consumo de la población, beneficiará económicamente a la Generalitat: prevé recaudar cerca de 40 millones de euros con el tributo.

Por ello, desde la Federación Española de Industrias y Alimentación y Bebidas (FIAB) critican que la salud es una excusa que esconde el motivo de la medida: «no tiene razón de ser porque no se puede confirmar ni por razones científicas, jurídicas, económicas ni sociales. No cabe sino pensar en un evidente fin recaudatorio que justifique esta acción desmedida y sin sentido», señalan.

Los representantes del segundo eslabón de la cadena, la distribución, alertan de que este impuesto podría tener un efecto contagio y que podría salpicar a otros alimentos y otras Comunidades Autónomas. «Supondrá unas barreras operativas injustificadas, con una colosal carga administrativa de una complejidad y unos costes inaudibles para las empresas», subrayan la Asociación Nacional Grandes de Empresas de Distribución (ANGED), Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES) y la asociación española de distribuidores ASEDAS.

Los consumidores, «mal informados»

Las organizaciones profesionales agrarias también creen que el impuesto también puede repercutir a la producción de remolacha -de donde se obtiene el azúcar- en España: «es un cultivo estratégico para el campo español, precisamente en un momento en el que se afronta un nuevo modelo sin cuotas de producción fijado por la Unión Europea para el mes de octubre de este año».

Los últimos en unirse a la causa son el sector hotelero y la restauración, que protegen a los consumidores. «Las implicaciones del nuevo impuesto no se han trasladado convenientemente a los mismos a pesar de estar directa y claramente afectados».

La lucha contra el azúcar no ha hecho más que empezar: bebidas con stevia, cambio de estrategia en las compañías para reducir el azúcar de sus bebidas por la presión de la Unión Europea, productos alternativos cero azúcares… ¿Qué será lo siguiente?