Santander debe emitir otros 1.750 millones para reforzar su colchón anticrisis tras integrar Popular

Banco Santander deberá emitir unos 1.750 millones de euros adicionales en instrumentos híbridos por la adquisición de Banco Popular para completar los colchones anticrisis requeridos por los reguladores para afrontar posibles problemas de solvencia sin la necesidad de recurrir a dinero público, según informó durante la actualización de su plan estratégico esta semana.

En una presentación dirigida a analistas e inversores, la entidad cántabra detalla que tras la adquisición de Popular necesita colocar 1.750 millones de euros adicionales (750 millones en instrumentos AT1 y 1.000 millones en Tier 2) para cumplir con la denominada capacidad total de absorción de pérdidas (TLAC, según sus siglas en inglés), un requerimiento exigible en el marco de la nueva regulación de Basilea III al conjunto de bancos de importancia sistémica global, del que Santander forma parte como único representante español.

En enero, Santander ya comunicó que emitiría entre 43.000 y 57.000 millones de euros de deuda en 2017 y 2018 para cumplir con estos requerimientos TLAC, que entrarán en vigor en enero de 2019. En cualquier caso, esta horquilla no se ve modificada tras la adquisición de Popular, según apuntaron fuentes financieras consultadas por Europa Press. Y es que, al crecer en tamaño tras la compra de Popular, es normal que Santander deba incrementar el volumen de sus colchones de capital.

En lo que va de año, la matriz del banco que preside Ana Botín ha completado en torno al 55% de las emisiones previstas para el conjunto del ejercicio, después de haber emitido casi 10.000 millones de euros en deuda anticrisis hasta septiembre. No obstante, esta cifra aumenta si se tienen en cuenta las colocaciones realizadas por las diferentes unidades del grupo.

Además de los colchones TLAC, exigibles solo a los bancos con una importancia sistémica global –aquellos conocidos como Too Big To Fail (Demasiado grandes para quebrar)–, Santander también deberá cumplir con la normativa comunitaria sobre requerimientos mínimos de fondos propios y pasivos admisibles, denominada MREL y que exigirá unos determinados colchones de capital a las entidades del Viejo Continente.

El nivel de dicho colchón vendrá determinado de forma individual para cada grupo bancario en función de su nivel de riesgo y otras características particulares, aunque por el momento se desconoce el tamaño que deberá tener.

El objetivo de estos requerimientos es garantizar que las entidades disponen de capital suficiente para absorber posibles pérdidas y recapitalizarse por sí mismas (bail-in), sin la necesidad de ayudas públicas.