Sánchez lastra el empleo privado: no recupera las cifras de 2019 mientras contrata 214.000 funcionarios

Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) han puesto de manifiesto la atomización del mercado de trabajo español, que pese a la recuperación paulatina de trabajadores no consigue situarse en los niveles prepandemia. Aunque, este statu quo sólo se da en el empleo del sector privado: mientras que Sánchez ha incrementado la contratación de funcionarios, aumentando en 214.000 los puestos públicos durante los tres primeros meses del año, los trabajadores de las empresas continúan muy por debajo de las cifras de 2019.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el paro subió en 70.900 personas entre enero y marzo, lo que supone casi un 2,3% más que en el trimestre anterior, mientras que la ocupación se redujo en 100.200 puestos de trabajo (-0,5%), su menor descenso en un primer trimestre desde 2019, cuando se destruyeron 93.400 empleos. Al finalizar marzo, el número total de parados se situó en 3.174.700 personas y el de ocupados, en 20.084.700 personas.

Si se analizan estas cifras según el empleador, se observa un fenómeno curioso: en el cuarto trimestre de 2019 el empleo en el sector privado alcanzaba los 16,7 millones y los empleados públicos se situaban en los 3,25 millones, mientras que en el primer trimestre de este año los funcionarios alcanzaban los 3,46 millones y las empresas cifraban en 16,6 millones los puestos de empleo ocupados. De esta forma, el sector privado ha perdido cerca de 100.000 puestos de trabajo al mismo tiempo que se han incrementado en 214.000 los trabajadores públicos.

Las consecuencias para las cuentas públicas de un incremento desmesurado del número de empleados públicos es evidente. El Gobierno de Pedro Sánchez ha presumido de poner en marcha durante su mandato la mayor oferta de empleo público de la historia, con 110.000 nuevas plazas. Crece el gasto estructural, y si no va acompañado de un incremento de la actividad económica, hay riesgo de que el déficit no se corrija.

Y además de crecer en número, crece también por el lado del sueldo. Para este año, la subida de los salarios públicos aprobada en los Presupuestos Generales ha sido del 2%, pero la inflación está dejando en papel mojado esa cifra y golpeando el poder adquisitivo de los funcionarios. El sindicato CSIF, mayoritario en las administraciones públicas, ya ha advertido que quiere una revisión para este mismo año por la inflación -en marzo está en el +9,8%- e iniciar ya las negociaciones para cerrar la subida de 2023. Señalan que ya han perdido un 12% de poder adquisitivo durante los años de las crisis que ahora quieren recuperar.

Temporalidad en el sector público

Una de las cifras protagonista de la EPA del primer trimestre es la relacionada con la tasa de temporalidad. Y en este sentido llama la atención que probablemente uno de los aspectos más paradójicos de la reforma laboral recientemente aprobada tiene que ver con la contradicción en torno a la normativa en materia de contratación temporal entre los sectores público y privado. Mientras que se destaca que el objetivo de la norma persigue la reducción de la temporalidad en España y por dicha razón se prohíbe la figura del contrato por obra o servicio, y se reciben con euforia datos de incremento del empleo indefinido, en paralelo la reforma laboral es mucho más laxa con la temporalidad en el sector público.

Y, de hecho, en los últimos años el gran sector generador de temporalidad es el sector público. El número de ocupados temporales en el sector público ya asciende al récord histórico de 1,13 millones y durante tres años y medio la tasa de empleo temporal en el sector público español supera la del sector privado. En concreto, en el primer trimestre de 2022 la tasa de temporalidad en el sector público se ha elevado hasta un 32,5% -la tasa anterior era de un 30,9%-, también un récord histórico, mientras que en el sector privado ha descendido hasta el 22,1%.

Estas cifras ponen de manifiesto que hoy en España casi 1 de cada 3 trabajadores del sector público son temporales, mientras que en el sector privado solo 1 de cada 5 ocupados es un asalariado temporal, una asimetría que no ha parado de crecer durante los últimos catorce trimestres, según la información que proporciona la EPA.