Sánchez dispara el déficit del Estado al 5,39% hasta agosto, cuatro veces más que en 2019

El déficit de la Administración central entre enero y agosto se ha disparado hasta los 60.295 millones de euros, una cifra que equivale al 5,39% del PIB y que multiplica por cuatro el dato del mismo periodo de 2019 (15.316 millones). Por su parte, el conjunto del Estado elevó el déficit al 6,54% hasta julio, 73.128 millones de euros, según ha publicado este miércoles el Ministerio de Hacienda.

La evolución del déficit del Estado hasta agosto se explica por una bajada de los ingresos del 13,9% como consecuencia de la situación económica derivada de la crisis sanitaria; mientras que las medidas para paliar dicha crisis han provocado un aumento del gasto del 18,9%,
hasta los 170.775 millones.

Un incremento derivado, fundamentalmente, del aumento de programas sanitarios, así como, en las mayores transferencias a la Seguridad Social y a las comunidades autónomas, según destaca Hacienda. Además, desde el 1 de enero de 2020 se ha producido una operación de reversión de las autopistas de peaje en 2020 (AP4 y AP7), de carácter no recurrente, por importe de 1.745 millones.

Ingresos

Los ingresos no financieros se situaron hasta agosto en 110.480 millones, lo que supone una disminución del 13,9% respecto a 2019. Dentro de ellos, los recursos impositivos, que representan el 81% del total, se situaron en 89.463 millones, lo que supone una disminución del 16,1%.

Destaca el descenso del 13,3% de los impuestos sobre la producción y las importaciones, entre los cuales el IVA baja un 15,6%, hasta los 40.455 millones. Este comportamiento del IVA se debe al menor consumo derivado de la caída de la actividad y también a la minoración de ingresos por algunas medidas adoptadas para mitigar los efectos de la pandemia. En cualquier caso, Hacienda indica que la reducción de la recaudación del IVA es inferior a la experimentada en meses anteriores.

Los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio descienden en un 20,4%. El Impuesto sobre Sociedades baja un 7,1%, mientras que la recaudación por el IRPF se desploma un 27,4% como consecuencia, en gran parte, de las mayores entregas a cuenta y el mayor resultado a favor de las CCAA de la liquidación definitiva de 2018, a lo que hay que sumar el parón de la actividad.

Gasto

Por el lado de los gastos, hasta julio los empleos no financieros han ascendido a 170.775 millones, cifra superior en un 18,9% a la registrada en el mismo periodo de 2019. Los aumentos de gasto más destacados se han producido en las transferencias a las CC.AA. y a la Seguridad Social.

Además, a este aumento del gasto hay que sumar el pago de 6.000 millones a las comunidades del primer tramo del Fondo Covid-19, cuyo importe total asciende a 16.000 millones.

De su lado, los consumos intermedios se incrementaron hasta agosto en un 18,3%, crecimiento en el que inciden los 836 millones de gastos derivados de la Covid-19; mientras que la remuneración de asalariados ha
aumentado un 0,7% debido a la equiparación salarial de la Policía y
Guardia Civil con los cuerpos policiales autonómicos.

Igualmente, las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie aumentan un 7%, cifra que recoge la actualización de las pensiones de clases pasivas del 0,9% y la cooperación internacional
corriente, que se incrementa en un 2,3%.

Destaca también el incremento de la inversión en un 55%, aumento
que se explica fundamentalmente por la operación de reversión de las
autopistas de peaje en 2020 (AP4 y AP7).

Estos incrementos se ven compensados en parte por el descenso de un
10,6% de los intereses, por la menor aportación a la UE basada en el
IVA y la RNB en 745 millones, así como por la disminución de las
ayudas a la inversión y otras transferencias de capital, en un 49%,
como consecuencia de la devolución del gravamen por prestación de
maternidad y paternidad en 2019 por importe de 707 millones.

Comunidades autónomas

Dentro del déficit público, las comunidades autónomas han registrado un superávit de 3.062 millones, lo que supone el 0,27% del PIB, frente al déficit del 0,26% del PIB registrado hace un año. Esta evolución se debe a varias medidas adoptadas por el Gobierno para garantizar los recursos de las CC.AA. y dar respuesta a la emergencia provocada por el covid-19.

Las comunidades han recibido 6.000 millones correspondientes al primer tramo del Fondo Covid-19, 325 millones del fondo extraordinario de prestaciones básicas de servicios sociales, 300 millones del programa de prestaciones sanitarias y farmacia; y se ha adelantado la ejecución de los recursos del Plan Estatal de Vivienda, lo que supone 447 millones; entre otros.

De esta manera, todas las CC.AA., salvo Navarra y País Vasco, registran hasta julio un comportamiento más positivo que hace un año. Además, a excepción de estas dos regiones y Murcia, el resto, es decir un total de 14 comunidades, están en situación de superávit.

En cuanto al impacto del Covid en sus cuentas, de acuerdo con la información transmitida por las comunidades, dicho impacto alcanza los 4.089 millones en gasto en sanidad.

Finalmente, también se han publicado este miércoles los datos de ejecución de las corporaciones locales en términos de contabilidad nacional
correspondientes al segundo trimestre del año. En este periodo, las
corporaciones locales registraron un déficit del 0,26% del PIB.

Este resultado, destaca Hacienda, se debe al contexto de crisis sanitaria, social y económica en el que se ha desarrollado la actividad de este subsector desde el mes de marzo, que ha provocado un descenso de los ingresos del 5,3%, mientras que los gastos han crecido en un 1,7%.

Seguridad Social

La Seguridad Social registró un déficit de 7.690,8 millones de euros hasta agosto, el equivalente al 0,69% del Producto Interior Bruto (PIB). Este saldo negativo es consecuencia de unos ingresos de 108.059,4 millones de euros, un 11,5% más, y unos gastos por valor de 115.750,3 millones de euros, un 11,3% más que en el mismo periodo de 2019.

En términos de caja, la recaudación líquida del sistema alcanzó los 106.016,6 millones de euros hasta agosto, con un incremento del 11,7% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Por su parte, los pagos presentaron un aumento del 11,3%, hasta los 115.635,1 millones de euros.

Los ingresos por cotizaciones sociales sumaron 78.928,8 millones de euros hasta agosto, un 4% menos que en 2019, como consecuencia de la menor recaudación en las cotizaciones de los ocupados, que bajaron un 6,7%, ya que las de los desempleados se incrementaron algo más de un 41,9%.

El Ministerio explica que la caída en los ingresos por cotizaciones de ocupados se debe a las distintas medidas que el Gobierno aprobó durante el estado de alarma para hacer frente a la pandemia, como la exoneración de cuotas para las empresas acogidas a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor y para los autónomos perceptores de la prestación extraordinaria por cese de actividad.

A ello hay que sumar la concesión de moratorias en el pago de las cotizaciones a las que se han podido acoger las empresas y los trabajadores por cuenta propia y las devoluciones de las cuotas de los autónomos beneficiarios de la prestación por covid-19.