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Economía

Sánchez dará otro golpe a las empresas disparando el coste de subcontratar empleados

Pedro Sánchez no parece haberse quedado contento con anunciar una fuerte subida fiscal para las empresas y con preparar un golpe para los autónomos elevando sus cotizaciones según el nivel de sus ingresos reales. También va camino de provocar que la pérdida de competitividad de la economía española llegue por el aumento de costes sociales que pagan las empresas por los trabajadores.

En ese apartado ha decidido dar el brazo a torcer para que todos los costes sociales y laborales acumulados en los convenios más antiguos de las empresas tengan que afectar a los trabajadores subcontratados por esas mismas compañías.

La modificación se pretende introducir en el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores “para garantizar la igualdad en las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados”.

Se trata de uno de los mayores temores de las compañías en los últimos tiempos. Y es que, en este caso, no se trata sólo de una subida fiscal o de un incremento de burocracia: se trata de que una buena parte de la expansión laboral que se ha desarrollado en las últimas décadas se ha realizado a través de subcontratas para evitar un predomino de los sindicatos en el pasado y, consecuentemente, esquivar unos fuertes costes sociales y laborales pactados en los convenios que hacían muy difícil competir con las nuevas empresas de países asiáticos o del Este.

Ahora esa dosis extra de flexibilidad amenaza con verse truncada. Porque si se trasladan todas las condiciones laborales a los trabajadores subcontratados -como pide el pacto entre PSOE y Podemos- lo cierto es que todo ese volumen de trabajadores asumirá las costes de las viejas plantillas, algo que puede truncar de golpe toda la ventaja competitiva adquirida en los últimos años por la economía española.

Este golpe a las empresas se sumará a otros tantos. Entre ellos, al encarecimiento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta 900 euros en 2019. Se trata de una subida del 22,3%, que equivale a 164,1 euros mensuales más. La medida de elevar el salario mínimo actual (735,9 euros) se pretende poner en marcha justo en el momento en el que las empresas están sufriendo el cambio de ciclo, que amenaza al empleo.

También repercutirá en las empresas la subida directa de sus impuestos. Como se venía anunciando, los dos partidos de izquierdas han pactado nuevos tributos para las grandes compañías, que tendrán un impuesto mínimo del 15% a partir del año que viene. Y lo tendrán justo cuando Austria, Hungría, EEUU o Reino Unido emprenden una carrera justo en la dirección contraria, la de bajar la carga fiscal de las empresas.

Además, el PSOE estudia un futuro impuesto a la Banca y, por el momento, las entidades financieras pagarán un tipo mínimo del Impuesto de Sociedades del 18%, tres puntos superior al general: una carga que repercutirá en los costes de financiación del resto de empresas. Las compañías centradas en la explotación de los hidrocarburos también se verán gravadas por este 18%.

Todo ello mientras se prepara ya otro impuesto tecnológico, los medioambientales y el de las transacciones financieras.
Todos ellos con obvio impacto en las empresas.