Sánchez busca el apoyo de los pensionistas con una subida brutal del 8,5% y un coste de 20.000 millones

El presidente Sánchez está decidido a emplearse a fondo para ganar el apoyo de los pensionistas en las elecciones municipales, autonómicas y generales que se celebrarán el próximo año. Los presupuestos para 2023 incluyen una subida de las pensiones del 8,5%, que es la inflación media que espera a lo largo del ejercicio. Nunca en la historia las jubilaciones habían registrado un aumento parecido y lo van a hacer justo cuando la economía empieza a registrar una profunda desaceleración y resulta más inconveniente, según todos los expertos consultados.

La vicepresidenta Nadia Calviño prevé que el PIB crecerá un 2,1% el próximo ejercicio -seis décimas menos de sus estimaciones anteriores- pero esta hipótesis ha sido completamente descartada por todos los organismos internacionales y los servicios de estudios de las principales instituciones financieras y consultoras españolas. Todos ellos sitúan el crecimiento económico en 2023 entre el 1% y el 1,5% como máximo. Esta notable diferencia entre los cálculos aventurados y fantasiosos de Calviño y los del resto de las instituciones de referencia permite sospechar que la previsión de ingresos del Estado, destinada a soportar la expansión del gasto público provocada por la subida de las pensiones más la de los funcionarios.

La subida de las pensiones supondrá un coste extra de 19.547 millones impulsando el gasto de esta partida hasta 190.687 millones, de acuerdo con el cuadro macroeconómico presentado ayer por Calviño. Esta decisión de Pedro Sánchez está en el punto de mira de las instituciones europeas. Aunque el Banco Central Europeo no se pronuncia explícitamente sobre la política fiscal de los estados de la zona euro, ha aconsejado a los gobiernos prudencia presupuestaria. La Comisión Europea, en cambio, sí ha pedido al Gobierno español un cambio en el modelo de pensiones que asegure su supervivencia en el futuro. De momento éste no llega, ante las reticencias de José Luis Escrivá, el ministro de Seguridad Social, de aproximar los años de cotización al conjunto de la vida laboral, o la introducción de algún mecanismo amortiguador como el que dispuso el Ejecutivo de Mariano Rajoy con el llamado índice de sostenibilidad, derogado por Sánchez.

Todos los expertos consultados desaconsejan vivamente revalorizar las pensiones con la inflación «porque este es un paso nefasto en la indiciación de la economía a la evolución de los precios» -también rechazada por Bruselas-. Adicionalmente, es un elemento perturbador, al extender al conjunto de los agentes económicos la voluntad de conservar a toda costa el poder adquisitivo -por ejemplo en los salarios de los trabajadores que se negocian en los convenios colectivos- y contribuye a realimentar la inflación. Más grave aún, según dichos medios, es la cuña estructural que se introduce en los presupuestos del Estado del futuro, ya que tiene todos los visos de convertirse en un gasto estructura muy difícil de ser revertido.

La subida brutal de las pensiones complicará aún más el pacto de rentas que desea el Gobierno y que, a estas alturas, y tras este tipo de decisiones, parece más lejos de alcanzar que nunca. La patronal CEOE ha dicho repetidamente que se opondrá a cualquier acuerdo de este tipo que no incluya a los pensionistas y a los funcionarios.