La reforma de las pensiones de Podemos y PSOE obligaría a subir el IRPF 26.000 millones de euros

Ligar la evolución de la cuantía de las pensiones al Índice de Precios al Consumo (IPC) obligaría al Ministerio de Hacienda a elevar en 26.000 millones de euros la recaudación del Impuesto sobre la Renta (IRPF) para poder financiar la medida. Según revela un estudio elaborado por la prestigiosa Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) esta reforma que piden PSOE, Podemos y los sindicatos CCOO y UGT no es asumible para las arcas públicas.

Volver a indexar las pensiones a la inflación supondría revertir una parte de la reforma aprobada por el Ejecutivo en 2013 y ocasionaría un incremento medio del gasto de 2,7 puntos del Producto Interior Bruto (PIB) durante las próximas cuatro décadas que exigiría una subida del 36% en la recaudación del IRPF para financiarlo, es decir, los citados 26.000 millones de euros. Hay que tener en cuenta que al cierre de 2016 los ingresos por este impuesto se sitúan en los 72.000 millones de euros.

El informe, elaborado por Ángel de la Fuente, Miguel Ángel García Díaz y Alfonso R. Sánchez, considera que lo único factible sería “blindar” las pensiones mínimas, limitando la indexación al IPC sólo a este partida para garantizar que los receptores de menos renta eviten la pérdida de poder adquisitivo con el sistema actual, que limita por Ley la revalorización anual al 0,25%.

Según los técnicos de Fedea este «blindaje» de la pensión mínima tendría un coste anual de 0,43 puntos del PIB hasta 2057, lo que exigiría para financiarlo un incremento del 5,8% de la recaudación por IRPF. “A nuestro entender, éste podría ser un coste asumible para evitar situaciones de necesidad entre los pensionistas con menos prestaciones”, señala el estudio.

“Lo que no parece factible dados los resultados comentados es restaurar sin más la indexación universal de las pensiones al IPC. Esto supondría derogar el núcleo de la última reforma , con un coste medio que se acercaría a los 3 puntos del PIB”, insiste Fedea.

En cuanto a la posibilidad de financiar las pensiones no contributivas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que está estudiando el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el informe apunta que podría permitir aplicar de forma general una revalorización al resto de pensiones por encima del actual 0,25%. Sin embargo, los técnicos indican que esto supondría trasladar el problema de la financiación de la Seguridad Social a las cuentas estatales. En última instancia debería ser sufragado mediante subidas de impuestos.

“Un inconveniente importante de financiar una parte de las pensiones por la vía presupuestaria es que generaría serios problemas de credibilidad al sembrar dudas más que razonables sobre la capacidad de España de resistir en el futuro la tentación de encontrar nuevas formas de soslayar el Índice de Revalorización de las Pensiones (del 0,25% anual) cuando éste vuelva a hacer por debajo de la tasa de inflación, lo que previsiblemente sucedería en pocos años”, indica Fedea.

El informe concluye con la reflexión de que “el futuro del sistema de pensiones, y más generalmente el de nuestras finanzas públicas, no está escrito y depende fundamentalmente de nuestra capacidad de adoptar una política económica que ayude a hacer más grande la tarta, fomentando el crecimiento del empleo y la productividad”.

Por ello, “las políticas de familia y de inmigración también podrían jugar un papel importante en este ámbito, ayudando a mitigar el problema demográfico al que nos enfrentamos”, indica Fedea.