La reforma de la estiba permite a Fomento limitar la multa de Bruselas a sólo 3 millones de euros

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha sancionado a España con tres millones de euros por retrasarse a la hora de llevar a cabo la reforma para liberalizar un sector de la estiba que incumplía la legislación europea. La multa, no obstante, ha sido más baja de lo que solicitaba la Comisión Europea, que pedía hasta 24 millones de euros de sanción.

El Tribunal considera que la infracción de España es «grave», puesto que el retraso se prolongó por un «tiempo significativo», concretamente desde que en 2014 se dictó la primera sentencia condenatoria.

La reforma elimina la obligatoriedad de que las empresas de mercancías que trabajan en los puertos contraten a los estibadores a través de las sociedades anónimas de gestión (las Sagep), aunque se establece un periodo transitorio de tres años para permitir un «tránsito ordenado facilitando que los trabajadores de las Sagep conserven sus derechos laborales preexistentes en el nuevo escenario de libertad competitiva».

Estas sociedades establecen barreras a la entrada de nuevos profesionales y priman las contrataciones a dedo y el amiguismo. En la actualidad hay 6.156 estibadores y cada nueva incorporación, hasta ahora, se realizaba de forma endogámica para controlar este régimen de monopolio que la Comisión Europea ha obligado a desmantelar.

De este modo, el Gobierno dejó en manos de la patronal y de las empresas las negociaciones sobre la subrogación de los trabajadores, que derivó en numerosas jornadas de huelga hasta que finalmente se llegó a un acuerdo con los sindicatos.

España se librará de pagar la segunda sanción solicitada por la Comisión Europea, que ascendía a 134.000 euros diarios por cada día de demora desde la publicación de una segunda sentencia. Con la aprobación de la reforma el pasado mes de mayo, esa multa ha quedado descartada.

Los sueldos más altos del sector de la estiba pueden alcanzar, según el puerto, los 150.000 euros anuales como es el caso de los profesionales que manejan las grúas. Es decir, el triple del salario medio de un médico en España (50.000 euros) y más de cuatro veces el sueldo medio en actividades de almacenamiento y transporte fuera de los puertos (32.000).

De la Serna responsabiliza a Podemos y PSOE

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha indicado que la multa deriva del rechazo de los grupos políticos del Congreso que impidieron aprobar el Decreto Ley de reestructuración de este sector en el primer intento, el del pasado mes de marzo.

«La primera vez que acudimos al Congreso para aprobar el Decreto Ley de reforma de la estiba teníamos una notificación de la Comisión Europea que decía que, si lo aprobábamos, la parte ya devengada de la multa, que entonces ascendía a 24 millones, no iba a tener que pagarse», detalló el ministro.

«La segunda ocasión que llevamos el Decreto Ley al Congreso, en mayo, la posición era distinta», señaló De la Serna, que por ello asegura que «si se hubiera aprobado en la primera ocasión, los españoles no hubieran tenido que pagar nada».

No obstante, el ministro valoró el hecho de que, de la posible multa de 24 millones de euros que el Tribunal de la UE podría haber impuesto a España, se haya considerado finalmente una multa de 3 millones.