La rebeldía de Carmena pone en juego el 40% del presupuesto destinado a políticas sociales

La insistencia del Ayuntamiento de Madrid, liderado por Manuela Carmena, de presentar un Plan Económico y Financiero (PEF) al margen de la legalidad y no cumplir con el gasto podría costarle un castigo de 300 millones de euros. Una cifra que sería el equivalente al 40% del presupuesto anual que Ahora Madrid destina a políticas sociales.

El Ministerio de Hacienda ha intervenido las cuentas del Ayuntamiento de Madrid porque “simple y llanamente no cumple la ley” al presentar un PEF que no se ajusta a la ley de estabilidad presupuestaria. Así lo ha confirmado este mismo martes el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya.

Carlos Sánchez Mato, concejal de Economía y Hacienda del consistorio madrileño, está poniendo en jaque el presupuesto que se destina a gasto social. No enviar un PEF ajustado a la ley e incumplir durante dos años consecutivos con la regla de gasto ha obligado a Cristobal Montoro a tutelar las cuentas públicas del ayuntamiento.

De hecho, Hacienda ha devuelto hasta en tres ocasiones su Plan Económico y Financiero, un hecho que ha obligado a meter en vereda fiscak a los dirigentes de Ahora Madrid y poner una niñera semanal a sus cuentas, de acuerdo con la aplicación de la ley de estabilidad presupuestaria.

Además de la intervención, la ley también contempla que se le imponga la constitución de un depósito en Banco de España del 0,2% de su PIB, es decir, unos 300 millones de euros, cantidad equivalente a todo lo que le vence al año de deuda al Ayuntamiento de Madrid.

Si en seis meses no corrige dicha situación, el depósito se convierte en multa, que pagarán todos los madrileños. En definitiva, la rebeldía fiscal de Sánchez Mato y Carmena pone en juego la partida presupuestaria anual dedicada a políticas sociales asciende a 798 millones de euros y el castigo al que se enfrenta es de 300 millones, es decir, el 40% del total.

De manera extrema, si Sánchez Mato prosigue con su desafío, la ley de estabilidad presupuestaria contempla la disolución de la Corporación Municipal aplicando el artículo número 26.