Nuevo éxito de España en Bruselas: no nos quitan los fondos estructurales

El avance presupuestario presentado por el Gobierno a la Comisión Europea es compromiso suficiente para no congelar la asignación de fondos estructurales a España el próximo año, que ascienden a 1.325 millones de euros. Tras analizar el informe de “medidas efectivas” elaborado por España, Bruselas ha determinado “suspender” el proceso de déficit excesivo (que es como se conoce el procedimiento sancionador a un estado miembro por incumplir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento).

«La Comisión ha llegado a la conclusión de que el procedimiento por déficit excesivo debe mantenerse en suspenso. En consecuencia, el evento que requería una propuesta para suspender parte de los fondos estructurales y de inversión no sucederá y no habrá tal propuesta», indica el informe hecho público hoy por la Comisión Europea.

No obstante, las autoridades comunitarias dejan la puerta abierta a futuras sanciones si la economía española no logra rebajar el déficit público hasta el 3,1% del Producto Interior Bruto (PIB) el próximo año, frente al 4,6% del PIB previsto para el cierre de 2016. «Teniendo en cuenta la naturaleza de las proyecciones sin cambios en las políticas, las previsiones de la Comisión calculan que ni el objetivo intermedio de déficit ni el esfuerzo fiscal recomendado se cumplirán» el próximo año, indica el informe.

De esta forma, la Comisión Europea es reticente a admitir que la economía española crecerá más de lo previsto en 2017, lo que reducirá los ajustes pendientes como consecuencia de los mayores ingresos públicos derivados del mayor repunte del PIB, tal como defiende el Ejecutivo. En concreto, el Gobierno revisará hasta el 2,5% el crecimiento económico previsto para el próximo año, dos décimas por encima de la anterior estimación, tasa que servirá para elaborar los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Esta mejora de la actividad económica generará una reducción del déficit público de unos 1.500 millones de euros, equivalentes al 1,5% del PIB. Tal como revela un estudio elaborado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), por cada décima de crecimiento del PIB se consigue (si se mantiene la estructura de gasto) una rebaja de 0,75 décimas en el déficit público. Como en este caso el avance del PIB es de dos puntos porcentuales (del 2,3% al 2,5%), la reducción de la brecha fiscal se situará en 1,5 puntos. Fuentes gubernamentales indican que incluso podría ser superior esta mejora, rondando los 2 puntos, es decir, unos 2.000 millones de euros.

Los datos avalan esta tesis, ya que la economía está evolucionando mejor de lo esperado y, aunque el próximo ejercicio se producirá una desaceleración del PIB, el crecimiento será vigoroso y rondará el 2,5%. Ese mensaje lo ha trasladado ya el ministro de Economía e Industria, Luis de Guindos, al resto de miembros del Gobierno días después de que Mariano Rajoy fuera investido presidente.

La Comisión Europea ya rechazó el pasado julio sancionar económicamente a España por el incumplimiento del déficit público del pasado año, que escaló al 5% del PIB, frente al 4,1% comprometido por el Gobierno con Bruselas. La sanción podía haberse elevado a 2.100 millones de euros (el 0,25 del PIB de España, tal como establece la normativa). Bruselas también dio un año más a España para rebajar el déficit por debajo del 3% del PIB, una tasa que no deberá alcanzar hasta 2018.